¿Y los ciudadanos?

Retrocediendo en la evolución histórica de los derechos

Cuando aparecen las primeras constituciones, lo hacen para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder. Desde entonces, los ciudadanos han ido conquistando más derechos y haciéndolos parte del pacto social. Por eso, llama la atención que en el Congreso peruano se modifique la Constitución no para otorgar más derechos a los ciudadanos, sino para restringirlos.

De acuerdo a nuestra Constitución, solo un juez puede ordenar la privación de la libertad de un ciudadano. La misma Constitución establece una excepción que es obvia: la Policía Nacional puede poner en prisión a un ciudadano cuando es detenido en flagrancia; es decir, cometiendo un delito. Como es en flagrancia, el delito es de fácil comprobación y por ello debe ser trasladado al juez dentro de las siguientes 24 horas. Cuando se trata de delitos gravísimos, como terrorismo o narcotráfico, este plazo puede ampliarse hasta por quince días.

La semana pasada se debatió y votó (en segunda votación) la reforma constitucional que amplía el plazo de prisión de 24 a 48 horas. En pleno siglo XXI, el de la comunicación inmediata, la información a la mano, Internet y los celulares, a la Policía Nacional se le hace más difícil la denuncia de un delito flagrante que cuando usaban máquina de escribir y papel carbón. Entonces en el Congreso no se discutió sobre otorgarle mayor presupuesto a la policía o dotarla de recursos tecnológicos; ni, se habló de recortar los derechos ciudadanos. No hubo un solo congresista que defendiera a los ciudadanos. Desde la izquierda se argumentó que “se criminaliza al movimiento social” sin darse cuenta de que estaban avalando el recorte de derechos ciudadanos.

Este es un Congreso que pone por delante al Estado y su burocracia antes que al ciudadano. Ampliar el tiempo de detención en el caso de flagrancia no resuelve el fondo del problema, que es la falta de recursos y de personal en la Policía Nacional. Es una solución superficial. Para la policía lo fácil sería que pudieran tener el mayor tiempo detenido a un ciudadano mientras investigan. ¿Y la libertad? ¿Y la presunción de la inocencia?

No deja de llamar la atención que ningún congresista pusiera por delante los derechos ciudadanos, antes que las supuestas necesidades de la policía. Del fujimorismo y su cercanía autoritarias no había mucho que esperar, y el pepekausismo tenía que respaldar la propuesta del Gobierno. En la primera votación este cambio constitucional fue aprobado por unanimidad; y en esta segunda votación, la izquierda se opuso con las razones ya señaladas.

La seguridad ciudadana es uno de los principales problemas que afectan la vida en común. Requiere, sin duda, una mirada integral a todo el cuerpo legal; pero sobre todo una mayor presencia policial en las calles, las que abandonaron hace unas décadas por el terrorismo y a donde deben volver. Cuando los políticos ponen por delante los supuestos intereses del Estado antes que los derechos ciudadanos, estamos retrocediendo en la historia.

Juan Carlos Valdivia