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¿Y LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO?

Columna

¿Y LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO?

10 de Enero del 2017

Reducen los requisitos académicos mínimos de asesores y consejeros

En setiembre de 2016 la Secretaría General de la Presidencia de la República emitió la Resolución N° 050-2016-DP/SGPR que, entre otras cosas, modificó la normativa, que data del gobierno de Ollanta Humala, en lo que se refiere a los requisitos mínimos que deben cumplir aquellas personas que sean designadas en los cargos de confianza de consejero o asesor del Despacho Presidencial.

Según la normativa anterior (Resolución N° 015-2013-DP-SGPR), para ocupar cualquiera de los dos cargos, lo ideal era que la persona ostentara un título universitario o como mínimo el grado de bachiller. No obstante, la actual gestión gubernamental decidió rebajar aún más el estándar antes mencionado y dispuso que a partir del 9 de setiembre de 2016, para ser designado consejero o asesor presidencial resultaba suficiente tener estudios universitarios (completos o incompletos).

Curiosamente, por aquel entonces fue designado un asesor del Despacho Presidencial que no cumplía con los requisitos mínimos que exigía la normativa expedida durante la Administración Humala Heredia. Entonces ¿Podemos suponer que la Resolución N° 050-2016-DP/SGPR fue emitida para adecuar los requisitos del cargo para beneficiar a una persona en específico?

Si buscamos casos similares durante la actual administración gubernamental, encontraremos la investigación que hizo el periodista Franco Mori Petrovic, que en noviembre de 2016 publicó que en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al igual que en Palacio de Gobierno, se habían disminuido los requisitos para ser designado en un puesto de confianza en la alta dirección.

Mori Petrovic precisó en su nota periodística que durante la gestión gubernamental anterior se había establecido, por ejemplo, que para ser asesor del Despacho Ministerial se debía ostentar como mínimo un título profesional (Resolución Ministerial N° 180-2013-MIMP). En contraposición, la actual administración aprobó, a través de la Resolución Ministerial N° 266-2016-MIMP, que el requisito mínimo para ese mismo puesto era contar con estudios universitarios (completos o incompletos).

Siguiendo en la misma línea, debemos precisar que dentro del paquete de normas promulgadas por el Poder Ejecutivo durante las últimas semanas, tenemos al Decreto Legislativo N° 1337 que modifica la Ley N° 29806 en lo que se refiere a los requisitos mínimos para ser considerado dentro del selecto grupo de profesionales altamente calificados adscritos al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público. Téngase presente que uno de los principales beneficios de este grupo de élite es gozar de una remuneración por encima de los topes legales establecidos para el aparato público; vale decir, de un sueldo por encima de S/. 15,600.

En este contexto, y según esta ley que data del año 2011, uno de los requisitos mínimos para ser incorporado al FAG era estar debidamente titulado. Sin embargo, el actual Gobierno ha modificado las reglas para acceder a los beneficios de este sistema y ha dispuesto, a través del Decreto Legislativo N° 1337, que ahora también se considerará como profesionales altamente especializados a los bachilleres.

Respecto a esto último me permito recordar que según la Ley Universitaria vigente se considera profesional al que obtiene un título universitario a nombre de la Nación. Ergo, no se puede considerar como profesional, y menos uno altamente especializado, a quien no cumple con los requisitos que la ley exige.


Para finalizar debo acotar que resulta extraño, por decir lo menos, que la actual administración haya decidido reducir sistemáticamente los requisitos mínimos para acceder a función pública, incluso en contra de su visión de profesionalización del servicio civil. En ese sentido, no se nos puede culpar si suponemos que estas normas han sido aprobadas para permitir “legalmente” que el perfil de los puestos públicos encaje con el de aquellas personas, amigos o correligionarios a los que se quiere dar una “ayudadita” para que ocupen buenos puestos en el Estado.

Por Diethell Columbus