Voucher para la educación

En 2001 el economista Walter Puelles propuso una medida para hacer frente a la baja calidad de la educación pública en el Perú: el establecimiento del voucher, un sistema por el cual cada padre de familia con hijos en edad escolar recibía del Estado una subvención directa que solo podía ser canjeada en una institución educativa de su preferencia, tal como ya se aplica en países como Canadá, Chile, Estados Unidos y otros, de mayor desarrollo relativo que el Perú.

¿Qué está pasando en las instituciones educativas públicas? Que más del 60% de sus locales se encuentran en mal estado, peor aún aquellos que fueron afectados por el denominado fenómeno de El Niño costero. Esta semana casi diez millones de escolares retornaron a las aulas y, en algunos casos, lo harán en locales que —además de precarios— se encuentran seriamente deteriorados y con estructuras que ante un sismo de mediana intensidad podrían colapsar.

Aquí no se trata de si estamos a favor o no del establecimiento generalizado del voucher por la Educación, tampoco de reabrir el debate sobre la ampliación del servicio educativo privado. Nos encontramos frente a una realidad clara y concreta: se inició el año escolar poniendo en riesgo a miles o quizás hasta millones de niños y adolescentes porque no decidimos tomar medidas prácticas para enfrentar la emergencia hasta que podamos, como Estado y como sociedad, ofrecer una salida adecuada.

Nos preguntamos, ¿por qué el Ministerio de Educación no paga directamente la matrícula y pensiones de los escolares cuyos locales representan un alto riesgo para su seguridad física en instituciones educativas privadas? La Reconstrucción con Cambios está tomando más tiempo del previsto y nadie asegura cuándo volveremos a contar con locales de enseñanza seguros.

Algunos argumentarán que el Estado no cuenta con los recursos necesarios. Pero si ciertos colegios no podrán ser usados, también es cierto que no se producirán gastos de mantenimiento y el personal a su cargo podrá ser reubicado para reforzar la enseñanza en otros colegios públicos donde, eventualmente, también se acoja a un mayor número de estudiantes.

Somos conscientes de que los defensores a ultranza de la educación pública se opondrán a cualquier propuesta distinta de la falsa y engañosa gratuidad de la enseñanza. En Lima, según cifras del Minedu, más de la mitad de los estudiantes ya acuden a instituciones educativas privadas. Los padres de familia prefieren pagar una pensión antes de enviar a sus hijos a una escuela pública gratuita. Una de las principales razones es que en los colegios privados no hay huelgas, y las ausencias de algún profesor son cubiertas por un colega o los directivos del plantel. Otro motivo es que los padres de familia, más allá de su nivel educativo, perciben que la educación privada ofrece a sus hijos una mejor formación.

El debate acerca de cuál es la mejor opción para contar con un sistema educativo de calidad —que entregue las herramientas formativas que permitan a las próximas generaciones hacer frente a un mundo de cambios continuos en lo tecnológico y económico, con indudables implicancias sociales— está por encima de quién brinda el servicio, si el sector público, el privado o ambos. Calidad educativa es lo que esperan los padres de familia.