Volver al futuro

 

Hay quienes no tienen memoria y están condenados a repetir los errores del pasado. Y hay quienes tienen memoria selectiva: recuerdan hechos cuando les conviene, y se hacen los despeinados cuando no les conviene. Proponer que la actividad empresarial del Estado es una alternativa viable para el desarrollo de la Nación es —por decir lo menos— demostrar desconocimiento de lo que sufrió el Perú desde la década del setenta hasta la del noventa.

Enafer Perú, Petroperú, Minpeco, ENCI, Reaseguradora Peruana, Banco Agrario, Banco Minero, Banco Industrial, Pesca Perú, Aero Perú, Enatur, Banco Central Hipotecario, Banco Continental, Banco Popular, Banco Internacional, Moraveco, el cine Colon, ENTEL Perú (teléfonos a US$ 5,000 con cola de dos años, más coimas), Sedapal. La lista podría seguir, hasta superar el espacio asignado para este artículo. En suma, para el año 1990 el 70% de la actividad económica estaba en manos del Estado.

Bastaría leer la literatura de distintos organismos internacionales, así como obras de expertos de la época, para darnos cuenta del desastre económico que se vivió, que hasta hoy nos genera estragos. El Perú, por ejemplo, se había convertido en importador neto de alimentos (hoy el país es exportador neto), cosa que nunca había sucedido en el pasado. Llegamos al final del experimento con un balance deficitario de US$ 500 millones anuales. Ahí se consolidó la mayor pobreza de la historia moderna de la nación, apareció la informalidad y hoy 2.8 millones de agricultores peruanos están sumidos en la pobreza.

La destrucción del seguro social, que devino en la mayor estafa a sus afiliados en la historia del Perú, también es un ejemplo del desastre que se vivió en esos años. La inflación peruana, señalada como uno de los récords mundiales, hizo que nunca se pudieran reconstituir los aportes de los pensionistas y que se recurriera al famoso “bono de reconocimiento” para los que cotizaron en su época. Este sería el aporte inicial al nuevo sistema de pensiones, que nunca compensó lo que trabajó un empleado u obrero de aquel desastroso periodo de nuestra historia.

Otra estafa la vivieron miles de ciudadanos al ser obligados a comprar bonos del Fonavi, que eran descontados de toda planilla formal. Posiblemente cuando se ven esas colas vergonzosas de aquellos jubilados, no se entienda la magnitud de la estafa. Me hizo recordar el escándalo del Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE), que manejó dineros de cerca de 200,000 peruanos, que habían trabajado duramente, con la promesa de otorgarles intereses de hasta 100%, para devolverles miserias 20 años después. Todo al ritmo de la Constitución de 1979.

Como se había prohibido ahorrar en dólares, por ser poco patriótico —en esa época, el cretinismo parecía no tener limites—, se decidió invertir en la Panamericana Sur, para tratar de proteger la depreciación de los fondos. Así los asegurados vieron desaparecer sus aportes de manera inclusiva y, sobre todo, de manera equitativa. Nadie se salvó.

Que la memoria no nos falle y no dejemos prosperar la información falsa, que precisamente no le conviene al grupo de burócratas que nunca tuvo que rendir cuentas. Recordemos del malhadado Decreto Ley N° 21949, en que se llama a la Asamblea Constituyente del 4 de Julio de 1978. En su artículo segundo decía:

“Artículo 2do - La asamblea constituyente tendrá como exclusiva finalidad la dación de la nueva Constitución Política del Estado. La que contendrá esencialmente, entre otras, las disposiciones que institucionalicen, las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”.

Increíble, alucinante, de comedia; pero como no hay mal que dure cien años, tamaña barbaridad terminaría por hacer implosión en 1993. El Perú no podía más. Debíamos US$ 300,000 millones de dólares y nuestras exportaciones totales en 1990 eran de US$ 3,390 millones de dólares. Es decir, nos hubiese tomado cien años cubrir la deuda, sin considerar intereses y que de algo teníamos que vivir. Finalmente, el Plan Brady, aprobado durante el mandato del presidente Bush padre, más el nuevo diseño económico de la Constitución de 1993 sacarían al Perú del estado de pobreza y postración en el que se encontraba.

Así, mi estimado lector, llego a la pregunta: ¿a quién le conviene regresar al pasado? A todos aquellos comunistas —hoy populistas— que, en consonancia al último capítulo del primer tomo de Marx (“La acumulación primitiva”), llegan a la conclusión de que la única manera en que se puede formar el capital es el robo. En la actualidad, sus alumnos demuestran, vez tras vez, que eso es lo único que siguen de esta triste “superstición”. Basta ver a los Chávez, Maduro, Cabello, los Kirchner, Boudou, Lula, Barusco y todos los nombres que salen a diario.

Por eso fui el voto solitario contra los cambios planteados a la Constitución en lo referente al artículo 58, en la última semana. ¿Acaso creen que dándole más discreción al Estado para la reconstrucción del norte va a mejorar el sistema de contratación del Estado? Mi voto fue uno de protesta. A veces me dicen que exagero y que cosas como esa no volverán a pasar, pero luego veo que algunos congresistas todavía creen que la actividad empresarial del Estado es necesaria, y todo remordimiento se me pasa. ¿Por qué no volvemos a pensar en el futuro y dejamos de vivir en el pasado?

No nos confundamos, las termitas del gasto público (populistas de hoy) están a la espera de romper el dique de la prudencia financiera y el manejo ordenado de las cuentas nacionales para dar rienda suelta a todo aquello que ha fracasado en Argentina, Ecuador, Venezuela y, en general, todos los países populistas de la región. Hoy el Perú cuenta con S/ 100,000 millones en gasto corriente y solo S/ 35,000 millones en gastos de capital. Advertidos estamos.