Venta de armas y seguridad ciudadana

Hay funcionarios adictos a inventar realidades. Y como no comprenden el proceso lógico intelectual de búsqueda de causalidad, desobedecen las normas y quieren cambiarlas para aparentar y mantenerse en el cargo. Malas costumbres de tiempos dictatoriales, arraigadas en quienes influidos por la utopía sacha-academica socialista se resisten a abandonarlas.

Durante el quinquenio humalista se desempolvaron personas y prácticas irracionales. El vientre de Troya pepekausa cobijó a muchos, y no pocos de ellos lograron pasar piola y reacomodarse tras el cambio de mando. Humala y Heredia en su felizmente fallida emulación de su amado Hugo Chávez (discípulo confeso del dictador Juan Velasco) intentaron infructuosamente implementar la primera pieza del manual del socialismo del siglo XXI, el desarme de los honestos. Para ello estimularon con jugosas promesas de ONG y de alguna institución multilateral más infiltrada que casa de putas en Paris ocupado. Apelaron a sofismas marxistas opuestos al análisis de causalidad y del efecto económico de las leyes.

Aún siendo ellos Gobierno primó la razón en el Congreso. Y gracias al esfuerzo de FP, PAP y AP más otros congresistas de entonces, los peruanos obtuvimos una ley reconocida por propios y ajenos como superior a todas las del continente y a varias del primer mundo, tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, como en el respeto al derecho a la propiedad, a la tranquilidad y a la legítima defensa de los ciudadanos honestos. Humala postergó su vigencia mediante la demora del reglamento, pero finalmente entró en vigencia y empezó el proceso de renovación de licencias. La regularización de las armas no registradas que dan vueltas desde que el terror comunista nos atacó sigue a la espera del reglamento de la amnistía ordenada por ley. Ganó el Perú.

Fieles a la matriz caribeña que oprime Venezuela, vuelven hoy al ataque. Ahora desde el Miniter a Sucamec intentan colar de contrabando objetivos chavistas, vía el pedido de delegación de facultades, para burlarse de la majestad del Congreso que tan sesudamente trabajó la Ley pretendiendo modificar su espíritu.

Es de estúpidos intentar reparar lo que no esta roto. La ley no llega aún a los tres años de vigencia, y la problemática de la delincuencia armada va por el lado de los delincuentes. Hacer la finta de que algo se hace, restringiendo y complicando irracionalmente a los ciudadanos honestos, solo consigue facilitar la labor de los delincuentes. Precisamente el objetivo que La Habana implementó con éxito en Venezuela y Nicaragua antes de masacrar al pueblo.

Una norma obligando a marcar con escudos o siglas el cajón de mecanismos de toda arma ligera que tenga o compre las FF.AA. o la PNP, así como los casquillos de toda la munición que compren complicaría el trafico, más que cualquier prohibición de calibres. Si Sucamec hace su trabajo, reportando a inteligencia las compras de munición en volumen incoherente con la práctica o la capacidad económica del comprador, permitirá capturas y condenas sin incomodar al poseedor legal.

Limitar a dos o tres el número de armas que puedan portarse a la vez es más eficaz que insistir en el fracasado (porque no tuvo efecto sobre la disminución del crimen) límite numérico a la propiedad. Prohibir la autorización para uso múltiple (defensa, deporte, caza), como ha hecho Sucamec, o dificultar la modificación por ampliación de calibres, solo beneficiará al comerciante que venderá más armas, sin efecto alguno sobre la seguridad ciudadana.

Por último, complicar el acceso a la legalidad con más requisitos y restricciones a ciudadanos y empresas formales acaba siempre generando informalidad e ilegalidad. Incomprensible que aún hoy haya quienes no lo entienden. Mininter y Sucamec: incomoden, persigan y castiguen a los delincuentes, no a los ciudadanos honestos, que estamos en la misma trinchera. ¿O me equivoco en esta última afirmación?