Unión civil

Libertad es que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos

El Perú es uno de los países de América Latina donde aún no hemos logrado reconocerle a la comunidad LGBT los derechos que por ser ciudadanos les corresponden. Tenemos una deuda pendiente y un Congreso nuevo que tiene la oportunidad de saldarla. La homosexualidad es considerada un delito y castigada con pena privativa de la libertad en más de 83 países del mundo. En la India se pena con hasta 10 años de prisión y en Uganda con cadena perpetua en casos de “homosexualidad agravada”. En el Perú, tenemos grupos sectarios que creen que la homosexualidad es una enfermedad, un delito, que puede curarse o que debe castigarse. 

Sin importar que la Constitución establece la igualdad ante la ley, aún no hemos logrado aprobar una ley que reconozca los derechos civiles y patrimoniales de las parejas LGBT. El Congreso anterior rechazó por mayoría incluir la orientación sexual como agravante en los crímenes de odio. Ese rechazo fue impulsado por los pastores evangélicos Lay y Rosas, quienes no veían la necesidad, ya que ello “tergiversa nuestro ordenamiento jurídico y afecta nuestra legislación”. Todo ello lleva a la exclusión de ciudadanos LGBT y legitima la violencia contra ellos en la medida en que la sociedad no la sanciona.

México, Uruguay y Argentina han legalizado el matrimonio gay. Brasil, Colombia, Ecuador y hasta el conservador Chile reconocen la unión civil de parejas homosexuales. Mientras nosotros seguimos debatiendo el tema con argumentos dogmáticos. Quienes se oponen a la unión civil sostienen que la ley de la unión solidaria que otorga un régimen patrimonial a personas que mantengan un vínculo —pueden ser hermanos, amigos o personas unidas por vínculo religioso— garantiza los derechos patrimoniales de la comunidad LGBT. Lo cierto es que una pareja LGBT busca ser reconocida como tal.

El Congresista Alberto de Belaunde responde así “Cuando se habla del tema patrimonial, yo no quiero juntarme con mi pareja para formar una bodega, y con lo cual haya un patrimonio compartido. Esto no es una empresa, estamos hablando de una institución humana. Lo que quiero es unirme y que el Estado me reconozca”. Y efectivamente, el Estado tiene la obligación de reconocer que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, reconocerles derechos y protegerlos sin importar su raza, sexo, religión u orientación sexual.

El Estado no puede disponer mayores derechos civiles para unos y menos para otros. Los derechos de una minoría no pueden ser sujetos a un referéndum como plantea el Cardenal. La mayoría no puede definir qué derechos tiene una minoría. En el Perú existen ciudadanos gay que han formado familias, que tienen parejas estables y son padres. Esas familias tienen los mismos derechos que cualquier otra familia. ¿Por qué se les está privando de ser reconocidos? La ley de la unión civil busca reconocer una realidad y otorgarles derechos patrimoniales y civiles a quienes, en la práctica, son una familia igual que cualquier otra. La libertad consiste en que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. Ejercerlos o no es parte de la libertad individual. 

Quienes sostienen que la unión civil pretende irrogar derechos que la Constitución otorga solo a los heterosexuales, olvida que el principio de la Constitución es la igualdad ante la ley. Pero más allá, ¿cuál es el problema de que el Estado proteja la unión civil? ¿A quién afecta que dos personas del mismo sexo formalicen su unión?

María Cecilia Villegas