Jorge Morelli
Una valla demasiado alta
Según el presidente, tenemos estándares ambientales por encima del primer mundo
El laudo del Tribunal Arbitral internacional sobre el caso de Doe Run - La Oroya le evita al Perú tener que pagar 800 millones de dólares a la empresa The Renco Group, propiedad de Ira Rennert. El presidente Ollanta Humala ha declarado que “esperamos que con este fallo podamos buscar una solución al tema de Doe Run”.
El complejo metalúrgico de La Oroya fue privatizado en 1997. Renco lo adquirió a través de su filial Doe Run Perú. En abril de 2011, Renco inició al Estado peruano un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por supuesta discriminación del Estado en contra suya en la exigencia de estándares ambientales mínimos.
Según el comunicado del Ministerio de Economía de hoy, más de cinco años después, la demanda de Renco ha sido “desestimada por falta de jurisdicción”. Es decir, el Tribunal Arbitral Internacional ha emitido un laudo parcial en el que concluye unánimemente que “las reclamaciones de Renco deben ser desestimadas por falta de jurisdicción”. El Tribunal no se ha pronunciado, entonces, sobre el fondo del asunto.
Para el lego de sentido común, parece afortunado que el laudo haya sido sobre materia jurisdiccional porque, de haberse pronunciado sobre el fondo del asunto de manera favorable al Estado peruano, ese laudo habría validado presuntamente los estándares ambientales excesivos que el propio Estado le impuso al funcionamiento de la refinería de La Oroya. El presidente, Ollanta Humala, ha declarado hoy que en el Perú debe existir “razonabilidad en materia de estándares de calidad medioambiental”. Y ha añadido que “muchas veces hemos puesto estándares que están por encima del primer mundo”. Evidentemente, está hablando de La Oroya y sus declaraciones, esta vez, parecen dar en el blanco.
Los estándares ambientales en el Perú son al parecer bastante más altos que los de los países con los que competimos. Y este sería un factor determinante en la decisión china de invertir tanto en la refinería de Doe Run, para buscar una solución al problema de La Oroya, como en la construcción de varias otras refinerías para metalizar cobre en el Perú y exportar a China metales, en lugar de concentrados minerales. Este es, pues, un caso emblemático en el que se juega el destino de una inversión crucial para el país.
La obligación del gobierno —del saliente y también del entrante— es poner, de la manera más transparente, todos los elementos de juicio al alcance de la opinión pública, para que esta juzgue por sí misma si los estándares actualmente exigidos son adecuados, por comparación con los de nuestros competidores. O si la inversión ha sido, en este caso, objeto una vez más de un sabotaje mediante la imposición de estándares inalcanzables.
Este no es un tema técnico, es un asunto político de la primera importancia.
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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