Daniel Córdova

Daniel Córdova

Una receta para sacar adelante proyectos extractivos

Una receta para sacar adelante proyectos extractivos
Daniel Córdova
30 de marzo del 2016

Los grupos antisistema no deben seguir frenando el crecimiento del país.

Los conflictos sociales en zonas de influencia de industrias extractivas son una constante en el país desde hace veinte años. Pese a ello, el Estado no ha sido capaz de controlarlos. Son, pues, una muestra de nuestra debilidad institucional, de la falta de presencia efectiva del Estado en esas zonas y de la ausencia de una democracia funcional.

Los conflictos sociales se originan por la falta de confianza de las comunidades en el Estado y en las empresas privadas que realizan actividades extractivas en áreas cercanas a esas comunidades. La pobreza, la inequidad, la mala calidad de los programas sociales, la falta de información y el abuso de muchas empresas contribuyen a exacerbar esos conflictos. Pero también lo hacen los grupos antisistema que, con la misma receta que usan desde hace veinte años, buscan convencer a las comunidades de que el desarrollo es malo, de que la mina contamina y se lleva la riqueza, y que lo mejor es mantenerse en el subdesarrollo.

Los pobladores, sin información confiable y al no tener “voz”, son seducidos por estas organizaciones radicales, que recurren a la violencia, y paralizan y destruyen a regiones enteras. Entonces el Estado cede, incapaz de enfrentar a los radicales y de defender los derechos del resto de peruanos, cancelando proyectos de gran envergadura como Conga o instalando mesas de diálogo en las que se aceptan las propuestas de los antisistema, sin ponerles condiciones. De esta manera se ha institucionalizado la protesta violenta, que nunca beneficia a las comunidades.

En algunos casos, son las empresas y sus consultoras las que se han visto obligadas a diseñar mecanismos que les ayuden a ganarse la confianza de las comunidades, compartiendo los beneficios del desarrollo. La receta, que conozco de primera mano, no es complicada; pero requiere de la voluntad política de la empresa, el gobierno local y el Ejecutivo. Las recetas “importadas” de países desarrollados como Canadá, Australia y Estados Unidos no van a funcionar en el Perú, porque nuestra realidad es muy distinta.

Existe una demanda continua de las autoridades locales por mayor presencia del Gobierno Central, a través del desarrollo de proyectos de gran envergadura. Es momento de diseñar una política de Estado que acabe con los conflictos sociales y que logre llevar el desarrollo a las zonas alejadas del país, que poseen millonarios recursos, como mendigos sobre bancos de oro. Pero para ello es necesario pensar “fuera de la caja”.

Las empresas, que instalan campamentos y personal en esas zonas, conocen bien las necesidades de las comunidades y tienen los recursos suficientes para diseñar planes de desarrollo para su área de influencia. Estos planes deberían identificar los ejes de desarrollo, cuáles son las mayores necesidades de los pobladores y qué tipo de proyectos traerán mayores beneficios. Salud, educación, infraestructura (agua, saneamiento, pistas), agricultura, desarrollo urbano, son algunos ejemplos.

La empresa debería actuar como articuladora entre las comunidades y el gobierno central. El compromiso de la empresa con las comunidades será palpable, y su intermediación para atraer al Gobierno central y generar desarrollo resultará esencial. Dependerá del Gobierno la aprobación e implementación de esos planes de desarrollo, con recursos propios.

Esa es la salida viable y efectiva; no teórica, como aquella que pretende darle acciones a las comunidades. Esperemos que el próximo Gobierno tenga la apertura necesaria para recibir sugerencias sobre este tema crucial, y lleve adelante aquellos proyectos capaces de generar riqueza y que están trabados por posiciones políticas intransigentes.

Por: Daniel Córdoba

 
Daniel Córdova
30 de marzo del 2016

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