Una muerte anunciada

El Estado asumió 150 compromisos que aún no ha cumplido.

Desde hace meses vienen reportándose movimientos antimineros que buscarían parar la inversión en Las Bambas. Ello pese a que gracias a la entrada en operación del proyecto, Apurímac sería la región que lidere el crecimiento económico del país. Se calcula que en los próximos años la economía de Apurímac podría crecer entre 2 y 2.5 veces, lo que la convertiría en una de las regiones con mayor presupuesto público per cápita de todo el país.

Las Bambas (US$ 10,000 millones) podría convertirse en el yacimiento minero más grande del Perú y en uno de los cinco más grandes del mundo. Si la dejan. De acuerdo con el IPE su entrada en operación generó en Apurímac una expansión del 31.6% durante el primer trimestre de este año. Según cifras oficiales, Apurímac ha reducido la pobreza de 72% en el 2009 a 43% en el 2015; mientras que la desnutrición crónica infantil cayó de 39% en el 2011 a 27% en el 2014. Sin embargo, el porcentaje de anemia infantil en niños menores de seis años se incrementó de 47% en el 2011 a 53% en el 2014.

Las grandes inversiones extractivas en el Perú generan conflictos sociales que las paralizan y que detienen el desarrollo del país. El problema se genera por la falta de confianza de las comunidades en el Estado y en las empresas privadas que realizan actividades en áreas cercanas a ellas. El aprovechamiento de muchas empresas, la falta de presencia del Estado, la pobreza, la inequidad, la mala calidad de programas sociales y la falta de información son los motivos de esa desconfianza. Las comunidades, al no tener acceso a información y al no tener “voz”, son seducidas por líderes radicales, con claros intereses políticos y económicos, y que recurren a la violencia.

Con cada conflicto social se instala una mesa de diálogo, las que son capturadas por grupos o frentes de “defensa” que no se sabe a quién representan. Las mesas de diálogo han terminado generando incentivos perversos que no acaban con los conflictos ni mejoran la representación de los ciudadanos. En la mesa de Las Bambas el Estado asumió 150 compromisos que aún no ha cumplido. Esta no es información privilegiada, la tenía el gobierno antes de llegar a Palacio.

Hace unos días, líderes antimineros convocaron a un paro cuyo principal reclamo es que el uso —para el transporte de minerales— de la vía que une Quehuira con la mina debe pasar por consulta previa. Entonces tomaron la carretera, hicieron zanjas profundas que impedían la circulación y cobraban “peajes” de S/. 5,000. Esto es un delito. El Estado envió un contingente de 150 policías para desbloquear la carretera, lo que generó un enfrentamiento en el que falleció Quintino Cereceda Huiza, comunero de Choquecca-Antio, y también hubo veinte policías heridos. Por cierto, no hay un solo comunero detenido.

La comunidad ha anunciado que no enterrará el cuerpo de Cereceda hasta que no lleguen el premier y el ministro de Energía. El ministro del Interior responsabilizó a la Policía, y el jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM sostiene que “los hechos de violencia no han sido como consecuencia de la falta de diálogo, sino de una actuación policial inconsulta”.

El gobierno tenía la oportunidad de demostrar que las grandes inversiones mineras, cuando son bien canalizadas, traen grandes beneficios para las comunidades y para la región. Lamentablemente, pese a que sabía lo que se gestaba, no se logró desarrollar una estrategia que resolviera las demandas de la población. Necesitamos implementar mecanismos participativos para que las comunidades efectivamente tengan un rol activo en la toma de decisiones, y logren que sus intereses y necesidades sean tomados en cuenta. Y necesitamos, también restablecer el principio de autoridad.

María Cecilia Villegas