Darío Enríquez

Una grave crisis de credibilidad, casi terminal

Una grave crisis de credibilidad, casi terminal
Darío Enríquez
05 de julio del 2017

Lapidación mediática del contralor pulveriza la institucionalidad

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo la maquinaria mediática de los poderes fácticos ha sido puesta al servicio de la lapidación de un alto funcionario incómodo para sus negociados, como lo es el contralor. Este despliegue de fuerzas no solo ha perseguido la demolición pública de la figura del contralor, sino que pretende sin duda alguna obrar como disuasivo para quienes en el futuro se atrevan a cuestionar los pingües negocios privados que saquean el erario público.

Todos los cargos que el contralor tuvo que enfrentar en el cargamontón mediático —sin duda un hito en la historia de la baja política— fueron levantados. Salvo el de la compra y venta de autos usados. Una actividad que durante catorce años le ha proporcionado ingresos similares al que tiene en un año de salarios en la Contraloría, y que compartía con dos de sus hijos. Que le servía además para mantener una flota familiar de autos siempre en buen estado. Pero ha sido tratado como un delincuente, como si esa actividad “con fines de lucro” fuera incompatible o comprometiera gravemente su labor en la Contraloría. Una aberración.

Pero el Congreso, plenamente consciente de la ausencia de cargos específicos y contundentes, alude a que esa andanada de cargos —repito, todos levantados con claridad— es suficiente para afirmar que, como lo acusan de tantas cosas y aunque fuera inocente, su idoneidad moral ha sido menoscabada y no debe seguir en el cargo. Una vergüenza que eso haya pasado en el Congreso, que está muy por debajo de las expectativas. Incluso si se acordaba —como acaba de suceder— la remoción del contralor, es grave que el Congreso no haya llamado la atención sobre la inaceptable lapidación mediática a la que este funcionario fuera sometido, sin medida ni clemencia, por los poderes fácticos de la concentración de supermedios.

Todos sabemos que nada de esto habría sucedido si el contralor daba luz verde al proyecto Chinchero, y que todas estas acusaciones habían sido desestimadas. Incluso el ahora presidente PPK, cuando el contralor fuera elegido en el periodo de Ollanta, apoyó la elección conociendo esos cargos, a los que no dio mayor importancia. Esto es grave, porque lesiona el tejido democrático y la institucionalidad requerida en las labores de control del gasto presupuestario y la consolidación de nuestro modelo de desarrollo.

La aparición de otro revelador audio muestra la miseria moral de Zavala, Vizcarra y Thorne, tres ministros que tratan de negociar con el contralor la emisión de informes complacientes y encubridores de los grandes negociados mercantilistas de los amigos de PPK. Es increíble que reconozcan proyectos mal concebidos y lesivos para el erario nacional, pero que “se tienen que hacer”. Si son malos, deben denunciarse, recusarse, anularse, enjuiciar a los sinvergüenzas y castigarlos ejemplarmente. El lenguaje cifrado, copetudo y gangsteril que esos tres ministros utilizan reitera lo que se escuchara en un audio previo, que desencadenó la renuncia de Thorne. Es como si hubieran copiado esas frases de diálogos que encontramos en muchas películas de las mafias y sus negociaciones. Son “buenos muchachos”.

“Un gobierno no sometido al derecho y al control de poderes es solo una banda de ladrones” dijo monseñor Ratzinger, hablando de la necesidad de institucionalidad democrática, en especial en nuestros países “cretino-americanos”. El primer ministro Zavala se apuró a enfrentar en vivo y en directo al periodista que reveló el último audio. Se dice que Zavala mostró mucha valentía para enfrentar al incisivo periodista en esas condiciones. Sin duda, la misma valentía que despliega un mercenario.

 

La desazón es enorme. La credibilidad en las instituciones democráticas se encuentra en su punto más bajo desde 1980. El gobierno del Perú está en manos de grupos mercantilistas que saquean impunes el erario nacional. Si durante los gobiernos de Toledo, García y Humala habían infiltrado el Estado y se sirvieron de él, hoy ya no les basta infiltrarse, ahora lo manejan en forma directa, ilegítima y pueril. Sin intermediarios. “El gobierno de los tecnócratas”, se hace llamar con pompa. Un eufemismo por pandilla mercantilista voraz, delincuencial y salvaje.

Darío Enríquez

 
Darío Enríquez
05 de julio del 2017

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