Un jurado que haga justicia

La delicada decisión sobre la candidatura de Julio Guzmán

El Jurado Nacional de Elecciones se juega su prestigio estos días. No sirve de nada el intento de producir reformas, la capacitación de jóvenes líderes, la publicación de innumerables libros, sino es capaz de desempeñar su función esencial: Hacer cumplir la Ley.

En los últimos años los organismos electorales –liderados por el JNE- se han pasado promoviendo reformas electorales que garanticen la democracia interna en los partidos y la transparencia en la financiación partidaria. Han buscado un proceso electoral equilibrado, donde los caudillismos y el poder del dinero retrocedan ante el imperio de la Ley.

Y el mal diseño del proceso electoral, responsabilidad de los organismos electorales, ha producido que se cuestione la legalidad del proceso de democracia interna en el movimiento que lleva a Julio Guzmán como candidato a la presidencia, faltando menos de sesenta días de los comicios, y cuando la intención de voto de este candidato ha crecido de manera considerable.

Entonces, el JNE está en la obligación de aplicar la Ley y los precedentes existentes, con lo que se vería obligado a anular la candidatura de Julio Guzmán. Puede variar su interpretación de la Ley, y permitir a Guzmán que continúe, pero sería una decisión en sentido contrario a lo que ha venido decidiendo esta instancia electoral.

Pero si ya el caso de Guzmán puede representar una complicación, la denuncia hecha por Panorama, que ha demostrado que el candidato Cesar Acuña ha entregado dinero como parte de una oferta de campaña, lo que está expresamente prohibido por la Ley, que establece como sanción no solo una multa, sino la exclusión del candidato del proceso al demostrarse la entrega de dinero.

Lo de Acuña no debe llamar a sorpresa. Es un personaje que está demostrado que todo lo arregla con el poder del dinero. Su práctica clientelista sin embargo ha chocado con la prohibición expresa de la Ley, que él no tuvo en cuenta. Estas prácticas, de otorgar prebendas a los electores -que recuerdan el viejo “pisco y butifarra” de principios del siglo pasado- dañan la esencia de la democracia que es la libertad de elegir. Esa libertad es pervertida por quienes creen que pueden usar el poder del dinero para conseguir adherentes.

Son casos difíciles, pero que requieren de los organismos electorales que cumplan con la tarea que la Constitución les ha otorgado. No se trata de mucha teoría, sino de poner en la práctica las leyes que ellos mismos han promovido. Un jurado que practique justicia, ese es todo su deber.

Por Juan Carlos Valdivia