Un jinete más: la institucionalidad de los partidos políticos

Sobre el proyecto de ley de reforma electoral

Si tomamos un libro sobre política, más específicamente sobre la institucionalidad y funcionamiento de los partidos políticos, veremos que el consenso casi unánime entre los especialistas en la materia es que estamos en presencia de una crisis generalizada, de la cual obviamente no se escapa nuestro país. Entonces válidamente nos podemos preguntar si existen realmente partidos políticos, o si los existentes están aún en formación.

Las respuestas no son unánimes. Personalmente, como militante y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido político Fuerza Popular, puedo decir que el nuestro es un partido político que desde su creación ha procurado un fortalecimiento en el frente interno, y que viene trabajando en el marco electoral. Pero también se tiene la certeza de que Fuerza Popular tiene mucho por mejorar.

Es innegable que el escenario actual es muy distinto al que enfrentaron los partidos políticos en sus orígenes, y por ello todos pasamos por un profundo proceso evolutivo y de especial adaptación a esta etapa de las redes sociales. Hemos pasado de lo que Oñate denominó —en un primer momento— “partidos de notables”, que era básicamente la unión de algunos comités electorales, a los denominados “partidos de masas”, en los que se prioriza obtener un amplio número de electores, en detrimento de un amplio número de militantes, procurando así los denominados partidos “catch all”.

Sin embargo, la evolución no habría quedado allí, pues para Manin hoy los partidos políticos buscarían lo que denomina una “democracia de audiencia”. Por ello, la prioridad de la estructura partidaria, en muchos aspectos, quedaría relegada, y se prioriza la figura de candidatos que actúen en función de las “demandas” de la opinión pública y del electorado. Con esto se deja en segundo orden la importancia de los programas de gobierno —peor aún su cumplimiento—, y hasta una ideología que permita la diferenciación.

Estas ideas nos llevan a plantear la necesidad de evaluar qué hacemos los partidos políticos con los principios que nos aglutinan, y con la evaluación de los problemas que enfrenta el funcionamiento del Estado, traducida en muchos casos en programas de gobiern. O cómo ejecutar estos últimos cuando se alcanza el poder o cuando legislamos. O qué hacemos para entender y atender las demandas más relevantes de la población.
Nos preocupa mucho lo analizado por Manin, pues consideramos que es innegable que los partidos políticos son importantes para la consolidación de nuestra aún precaria democracia. Los partidos políticos cumplen funciones importantes como canalizar y atender las demandas de la población, informar sobre la actualidad política, formar una conciencia política, y, sobre todo, representar y dar cuenta de su actuar y el de las autoridades a la población. Por ello, corresponde emprender una verdadera reforma electoral, apuntando al surgimiento de partidos nuevos y el fortalecimiento de los pocos existentes.

Hace unos días hemos visto cómo el Poder Ejecutivo presentó en conferencia de prensa un proyecto de ley de reforma electoral, evidenciando una vez más el distanciamiento que mantiene con la bancada que los representa en el Congreso. El referido proyecto no tiene ningunas similitud con la exposición que realizó, a nombre de la agrupación política PPK, el presidente de ese partido, el congresista Gilbert Violeta, ante el seno de la comisión hace ya varios meses. Tampoco guarda un mínimo de consideración por el trabajo realizado desde hace ocho meses por el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral.

El proyecto en mención tendrá que ser evaluado por el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral y, en general, en el seno de la Comisión de Constitución. No en el marco del control político que se realizó con los decretos legislativos, sino en la esencia del fuero parlamentario: el debate, la discusión, el intercambio de ideas, la polémica y el análisis de la experiencia internacional —sobre todo la de los países de la región—, que se traduce en la expedición de una ley de reforma electoral.

Los aspectos más relevantes, según la opinión pública y los expertos, son financiamiento (público y privado) de los partidos políticos en una elección, mecanismos para garantizar democracia interna, entrega de dádivas (experiencia nefasta de la última elección), impedimentos para ser candidato, entre otros. De lo que debemos estar completamente seguros es que para viabilizar la reforma electoral es importantísimo generar consensos. Sin ello, la reforma seguirá siendo nada más que un motivo de enfrentamiento entre partidos políticos y no una oportunidad para su consolidación.

Úrsula Letona