Tratando de entender

Una aproximación a las causas de la protesta y muertes en La Convención

La mañana en que el joven cusqueño Jhafet Huilca Pereyra murió alcanzado por una bala durante la manifestación de estudiantes del colegio secundario de Santa Teresa, plegados al paro de La Convención, el Comité de Lucha provincial ya había recibido la comunicación de Marcela Huaita Alegre, secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros, fijando para el 15 de este mismo mes una reunión para “elaborar una agenda de trabajo para la continuidad del proceso de diálogo”. ¿Se condice con esta política la actuación del destacamento policial que intentó detener el curso de esa manifestación? ¿Qué órdenes recibieron? ¿Interpretaron esas órdenes el proceso de diálogo abierto por la Presidencia del Consejo de Ministros o jugaron su propia interpretación de los hechos y actuaron en consecuencia? ¿Y qué pasó del lado de la protesta? ¿Fue la dinámica inercial del conflicto?

La muerte escaló el conflicto. El 6 de septiembre se produjo la toma del Puente Pavayoc. Diez testimonios recogidos por Radio Quillabamba, que incluyen a los de dos sobrevivientes de la camioneta que cayó al río Vilcanota, junto con las declaraciones del jefe policial de la zona, en medio de versiones contradictorias, permiten tener algunas certezas sobre los hechos que terminaron en otra muerte, la de Rosalío Sánchez, alcalde del centro poblado menor de Kepashiato, parte del distrito más rico del Perú, Echarati. Una de esas certezas es que entre la 1 y las 2 de la madrugada la vía había sido despejada sin mayor confrontación. Otra que los quejosos habían iniciado su desbande cuando el destacamento policial recibió órdenes de proceder a algunas detenciones: tres fueron a parar a la camioneta particular que terminó desbarrancada en el río. Uno de ellos, el muerto, no está claro porqué, encerrado con violencia en la maletera del vehículo.

La camioneta era uno de los vehículos detenidos por el conflicto. Fue escogido por la policía aparentemente al azar. Y estaba, según  las diligencias del fiscal respectivo, cargada de droga. Cosa nada extraña para una región de la que salen, según  cálculos de los que siguen estas cosas, entre 300 y 500 toneladas de cocaína cada año. A partir de aquí todo es confusión, versiones encontradas, medias verdades.

Pero uno puede entrever un teatro de sombras. Una, la agria disputa por el excedente del canon que enfrenta a grupos del poder local. Dos, la pobre calidad del gasto de esos municipios. Tres, la carencia de controles institucionales o de acciones de contraloría o de políticas contra la corrupción. Cuatro, la ausencia de una lógica política que coordine y haga eficiente la acción estatal, incluyendo la de la policía. Cinco, la baja capacidad de control de los líderes sobre las formas de la protesta. Seis, la omnipresencia silenciosa del tráfico de drogas. Siete, una sociedad agraviada.

El paro provincial que se inició en La Convención el 27 de agosto estaba anunciado desde hace dos meses. El proceso de negociación lleva años y ha incluido a cinco presidentes de consejos de ministros del actual gobierno, incluyendo la actual. También al Congreso de la República, al Contralor, al Fiscal de la Nación y a otras instituciones. Las demandas son de todo tipo. Algunas no son solo de La Convención: la lucha contra la corrupción de las instituciones, contra la inseguridad ciudadana o a favor de una justicia proba y pronta. Son demandas de civilización. Aquí no hay ausencia de estado. Hay presencia de uno sin sentido de urgencia, y un gobierno atrapado en sus indecisiones…

Por Jorge Nieto Montesinos
(09/09/2014)