Transporte sin blindados = lavado de activos

Cuando parecía acabada la primera oleada de la ofensiva del modelo bolivariano y sus aliados tontos, para manipular la justificada indignación popular y socavar la continuidad democrática, el flamante ministro de Justicia, cual Judas, ha disparado tres veces contra la gobernabilidad. ¡La Constitución no viene en rollo! Bueno sería saber si los reiterados desatinos del Ministerio de Justica (Minjus) son solo fruto de una tozuda torpeza de quien debe ser el asesor legal del presidente o si estamos ante una actuación deliberada por consigna ideológica o, lo que sería muy peligroso, acatamiento de una orden.

Mientras tanto, se ataca en paralelo la moral de las FF.AA. y la PNP con montajes y fake news. El objetivo es el mismo que en otros países del hemisferio: debilitar la credibilidad del sistema democrático para vender luego un caudillo mesiánico. Pero aunque esa ofensiva viene robándonos la tranquilidad, no es el único problema y no debemos distraernos (qué mes quisiera el enemigo) abstrayéndonos en él, porque nos meterán de contrabando otras perlas del modelo.

Voy a apartarme del tema de la semana para llamar la atención sobre el accionar silencioso del crimen organizado, otra gran preocupación, directamente vinculada, vía impunidad, con la corrupción judicial (a cuya caja contribuye eficientemente). En el mundo entero la seguridad privada y el transporte blindado de valores se han convertido en piezas auxiliares relevantes de control de la delincuencia pues, sin costar un sol de los impuestos ciudadanos, dificulta o impiden el accionar productivo de los enemigos de los ciudadanos honestos. Además contribuye a que las fuerzas estatales de seguridad puedan dirigir sus fuerzas hacia la prevención, investigación, detección y captura de los delincuentes.

El transporte blindado es una poderosa herramienta contra el corazón de toda actividad delincuencial en escala: el lavado de activos. Me explico. Al atender (además de todo aquel que lo contrate) al sistema financiero las empresas de transporte de valores, quedan sujetos a normas de la UIF que los obliga a tener un oficial de cumplimiento, registrar e informar todo lo que recogen y transportan.

Durante el gobierno de Humala, oscuras fuerzas lograron bajar la valla, eliminando la presencia del blindaje en el transporte de valores, mediante el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº1213 (felizmente aún no vigente, hasta la publicación de su reglamento). Apelando a la buena fe, se vendió como una reducción de barreras de acceso. El real objetivo era permitir el transporte formal de oro y dinero por parte de empresas legalmente autorizadas que, al no atender a la banca (que exige blindaje) quedarían fuera del rango de control de la UIF. Esto permitiría el transporte seguro del producto del narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando, etc., haciendo el mundo mas sencillo para los “capos”.

Pero ahí no acaba el riesgo. Escudándose en inexistentes razones de costo, se vulnera el sistema que desde su implementación hasta la fecha ha permitido cero muertos y la nula efectividad en los asaltos a las unidades de transporte blindado. Eliminar la obligación de blindaje llevaría, como en otros países donde se intentó, a un festín de asaltos a tiros, con el consecuente riesgo para la vida de quienes transporten valores en cajuelas de autos, motos o maletines. Y para todos los transeúntes que tengan la mala suerte de estar cerca.

Alguien podría argumentar insensatamente que es necesario democratizar el servicio, aunque eso genere más riesgo para la vida humana. Además las que estarían en mejor condición para descender peldaños y ampliar su oferta, son justamente las empresas que hoy transportan valores en blindados. Salvo, claro está, que a algún “empresario” le importe menos la seguridad que la detección estatal.

No permitamos que iniciativas “convenientemente financiadas” empeoren la seguridad ciudadana.