Traición a la patria

¿Políticos corruptos pueden ser acusados de este delito?

Refiriéndose a los descubrimientos graduales de corrupción que giran en torno al caso Lava Jato, Jaime de Althaus —en una reciente nota periodística— va más allá de circunscribirse a aludir a la red de nauseabundas anécdotas y dice que “…lo que se descubrió fue precisamente que ella [la red] incluía a parte importante de las élites empresariales y políticas brasileñas. Y no cada una por su lado, sino coludidas en un plan común de autoperpetuación en el poder y en los negocios centrado en Petrobras y en una política de Estado orientada al expansionismo económico y al control político de otros países”.

Concluye Jaime su nota reclamando que el Estado Brasileño “debería pagarle al Perú por el enorme daño ocasionado” y reitera: “porque fue una política de Estado”.

Y de hecho esta asociación Estado-empresas en Brasil empezó sistemáticamente con Fernando Henrique Cardoso, predecesor del inefable Lula y su dizque izquierdista Partido de los Trabajadores, que dimensionó la corrupción y sus efectos tanto a nivel interno como a nivel externo.

Al tratarse de una política del Estado brasileño —y está comprobado que efectivamente lo fue— el asunto para los peruanos no solo significa el reclamo de una eventual compensación económica por parte de Brasil. Implica que los peruanos que delinquieron en torno a este caso —organizaciones e individuos— no solo incurrieron en actos de corrupción, sino también en el delito de traición a la patria.

En el Título XV del Código Penal (Delitos Contra el Estado y la Defensa Nacional) Capítulo I titulado Atentados Contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria, el Artículo 325 es sumamente explícito. En el contexto del concepto de traición a la patria y de lo que constituye un atentado contra la integridad nacional señala: “El que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera… será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años”.

Y resulta más que claro que los peruanos que participaron en el caso abierto por la investigación Lava Jato antepusieron los intereses de un Estado extranjero a los intereses nacionales. Y en esto están involucrados no solamente los políticos, sino también la burocracia, las empresas, estudios de abogados y contables, consultores de todo tipo e incluso —y es lamentable decirlo— no pocos periodistas y gente con acceso sistemático a medios.

Tocará a las instancias respectivas elucidar si hay voluntad y pertinencia legal para la determinación, tanto del asunto de la reparación económica exigible a Brasil como de la tipificación legal del delito de traición a la patria. Sin embargo —y con prescindencia de lo que finalmente se determine— lo que resulta evidente es que hubo quienes antepusieron a los intereses nacionales, intereses inherentes a una política de Estado trazada por un país extranjero. Y con ello, sometieron al Perú “a la dominación extranjera”.

Urge, pues, una nueva manera de hacer política y reformular instituciones y controles. Buscar transparencia y decencia en la tríada Estado-mercado-ciudadanía. Pero nada ganaríamos con no llamar a las cosas y a los actos de las personas por su verdadero nombre. El concepto de traición a la patria debe dejar de ser una ficción legal.

Eduardo E. Zapata Saldaña