Terrorismo: nadie defiende al Perú

A propósito del nuevo fallo de la Corte IDH que humilla al país y favorece a una terrorista.

El Perú, otra vez, es condenado y presentado ante la comunidad internacional como un estado violador de derechos humanos. Y también de nuevo la “víctima” es un terrorista convicto y confeso: Gladys Espinoza Gonzales, quien cumple pena de 25 años de cárcel por sus delitos, y para quien la Corte IDH ha ordenado que se le pague US$105,000 como reparación por los supuestos daños que sufrió. Dicha sentencia es francamente absurda y sorprende e indigna que haya prosperado, pues la acusación sostiene que la terrorista fue violada y golpeada por agentes de la Dircote, cuando fue capturada, en 1993, Todos sabemos que esos métodos jamás fueron usados por ese cuerpo policial, ¡menos aún en 1993! ¿Acaso alguien le tocó un cabello a Guzmán, Polay y los demás cabecillas capturados entonces? Jamás. 

La historia se repite. Antes fueron favorecidos igual los terroristas del MRTA Lori Berenson, Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Pincheira; y los senderistas Osmán Morote, Atilio Cahuana y otros que sobrevivieron o murieron en el motín del penal Castro Castro de 1992. De un total de 26 demandas por supuestas violaciones de derechos humanos, el Perú las ha perdido todas. ¿Cómo fue posible esta inequidad si los terroristas fueron los agresores? 

Por dos factores. Primero, el sesgo ideológico de algunos miembros de la Comisión Interamericana (CIDH) que siempre se han inclinado a admitir las demandas de las ONG de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Solo el 2010, la CIDH admitió e inició el trámite de 86 denuncias contra el Perú. Este factor pesa, pero NO es el determinante. 

El factor decisivo es la política de allanamiento abierto o solapado ante las denuncias ante la CIDH, iniciada por Diego García Sayán (DGS) y continuada por los ex ministros de Justicia de Toledo y de Humala, entre ellos Jiménez Mayor, asesor de DGS cuando se inició esa política, y Daniel Figallo. Los únicos casos en que hubo defensa fueron Chavín de Huantar y Mónica Feria, pero no tan efectiva pues siguen abiertos. 

Una caso ilustrativo es el de Leonor La Rosa. DGS firmó un acuerdo con la CIDH allanándose a pesar que aún estaba siendo investigado. Toledo y DGS le pagaron inclusive una “reparación” de US$120,000 en un acto público. Tiempo después la justicia estableció que la denuncia era falsa y absolvió a los acusados. ¿Se hizo algo para reparar este daño? ¿Se reportó el fraude a la CIDH? ¿Se denunció a la estafadora? Nada. Solo hubo impunidad para ella y los responsables mayores. 

El punto es que esa política de allanamiento continúa. En el caso de Espinoza supuestamente hubo una defensa, pero hay mucho espacio para la suspicacia, pues el procurador encargado del caso fue Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz, integrante de la CNDDHH. Por cierto, la abogada de la terrorista es Gisela Astocondor, de Aprodeh, cabeza de la CNDDHH. Curioso: Aprodeh también le pidió a la Unión Europea que retire al MRTA de la lista de organizaciones terroristas proscritas en Europa. ¿Casualidad? 

Creo que hay varias interrogantes por esclarecer ¿Qué clase de defensa hizo Chacón? ¿Se enfrentó a sus socios de Aprodeh en defensa del país o les dio una mano? ¿Quien puso de procurador a un funcionario de una ONG que litigaba con el estado? ¿Alguien investigará este hecho?

Pero esta historia infame amenaza continuar: la CIDH ha admitido otra denuncia de 63 terroristas de Sendero contra el Perú, entre ellos Maritza Garrido Lecca, la fanática que ocultó a Abimael Guzmán en una casa de Surquillo. ¿Qué garantía de una defensa efectiva puede darle al país este gobierno de izquierda que se calla ante estos hechos? ¿Hasta cuando será castigado y humillado el Perú, que solo defendió su supervivencia ante una agresión armada feroz? ¿Es esto justicia? 

Por Víctor Robles Sosa
10 - Mar - 2015