Superar la parálisis económica

Millones de peruanos podrían resultar afectados

Es evidente que el impacto de las denuncias de la fiscalía brasileña, respecto al denominado "caso Lava Jato", ha mellado la credibilidad de la clase política nacional. Más de un ex presidente se encuentra seriamente cuestionado, y algunas de sus estrategias de defensa recurren a mecanismos como la prescripción o la obtención indebida de las pruebas, lo que genera mayores suspicacias en la ciudadanía.

No obstante, los acontecimientos trascienden la esfera política —en todas sus vertientes— y alcanzan el ámbito económico, por lo que la previsión de expansión del Producto Bruto Interno para el presente año ha sido seriamente debilitada. Máxime si continúa la indefinición con relación a la ejecución de proyectos que no necesariamente están vinculados al desarrollo de infraestructura de pública, y cuyos volúmenes de inversión bien podrían compensar o atenuar la parálisis que se registra tanto en el sector construcción como en las exportaciones no tradicionales. Si descontamos al sector agroexportador, las exportaciones registran una caída de 20.2% entre el 2012 y el 2016. En otras palabras, el lustro perdido del gobierno humalista.

La alternativa con que cuenta la actual administración gubernamental es proseguir con las obras de infraestructura previstas y que, en simultáneo, continúen las investigaciones por parte del sistema judicial. Empero, las empresas señaladas como partícipes en actos indebidos han detenido —en la práctica— la ejecución de sus obras, las que por su trascendencia comprometen los ingresos de un gran número de trabajadores. Analistas económicos señalan que el cese podría alcanzar a más de 50,000 empleos, los que sumados a los 140,000 que se habrían perdido en los tres últimos años podrían acarrear la interrupción en la cadena de pagos y, por consiguiente, comprometer el desempeño del sector financiero.

Por su parte, el gobierno nacional ha reaccionado con un Plan de Estímulo Económico por S/. 6,000 millones para generar 150,000 empleos mediante la construcción de 15,000 unidades de viviendas destinadas a los sectores de menores ingresos, principalmente en el interior del país. Asimismo, ha previsto alcanzar un crecimiento de 15% en la inversión pública. De algún modo, lo que pretenden las autoridades es absorber a gran parte de los trabajadores de construcción civil que eventualmente podrían resultar afectados por los hechos antes mencionados.

Además de la plaga de la corrupción, enfrentamos la parálisis económica y la  destrucción de la infraestructura pública a consecuencia de los desastres naturales. Todo ello constituye el escenario perfecto para acrecentar la desconfianza y retraer las inversiones que se desean acelerar; peor aún si la desaprobación a la gestión gubernamental va en aumento.

¿Qué hacer? Ciertamente es una pregunta difícil de responder, pero quizás algunas luces nos pueda ofrecer un análisis a contrario sensu. ¿Acaso el camino del colapso institucional resulta ser el más adecuado?  La interpelación es un derecho constitucional que le asiste a la representación nacional, pero el ejercicio exacerbado de esta facultad puede poner en riesgo la organización del Estado, por lo que un llamado a la mesura por parte de todos los actores políticos será siempre relevante.

La transparencia sobre lo acontecido es importante, así como las sanciones para la salud moral del país; pero si en simultáneo detenemos la marcha del país, definitivamente se está fallando. Seamos conscientes de que detrás de las cifras de evolución de la economía, del avance o detención de las inversiones, así como de las obras de infraestructura, hay millones de personas que podrían resultar afectadas por la pérdida de empleos. Menos ruido para poder superar la parálisis.

Guillermo Vidalón del Pino