Sueldo mínimo, proteccionismo, libre mercado y otras falacias

Siendo casi unánime la condena ciudadana al presidente Kuczynski —por la enorme cantidad de indicios, pruebas y evidencias en su contra—, su permanencia en el cargo depende del azar aritmético de 87 votos. En la frustrada vacancia del 21 de diciembre último ya fue un deshonor que solo 19 de 130 hayan votado a favor del presidente, y 21 de 130 se hayan abstenido. Es un caso perdido. SE produzca la vacancia o no, la pérdida de honor —lo más valioso que puede tener alguien en su esfera personal— es irrebatible, y no hay aritmética que cambie la realidad. Por eso preferimos tratar hoy varios otros temas conceptuales. Vamos a lo nuestro.

Empecemos con el “sueldo mínimo”. Las declaraciones del congresista Olaechea ha llevado a las distorsiones, manipulaciones y victimizaciones de siempre: “Olaechea propone menor salario para serranos”, lanzan los mercaderes del rating, la pose mediática y la ignorancia atrevida. Olaechea dijo algo que es absolutamente cierto: el costo de vida es muy diverso a lo largo y ancho del Perú, por lo tanto, un único “sueldo mínimo” no sería coherente con esa diversidad. Pero la forma de comunicar este punto solo es un error venial. Lo grave en Olaechea es el error conceptual. El “sueldo mínimo” es la segunda más grande falacia del mundo moderno, desde que se inventó tal artificio y la economía pretende ser una ciencia. Si fuese solución de algo, por qué conformarse con S/ 1,000 mensuales, de una vez definamos un sueldo mínimo de S/ 10,000 mensuales y así todos los problemas serán resueltos. Por otro lado, aunque la economía es arte y ciencia a la vez, algunas leyes económicas se han descubierto y no debemos ir contra ellas. Una de las más importantes —a contrapelo de las mentiras ideológicas propaladas por el mainstream académico— nos dice que el valor es subjetivo. Pretender la estandarización de lo mínimo que cada uno estaría dispuesto a recibir como remuneración es un absurdo. Es fácil comprobar que en las economías “desarrolladas” el sueldo mínimo “funciona” cuando se fija por encima de los valores que la gran mayoría de individuos —llámenle “mercado”— estaría dispuesto a aceptar.

Mucho se habla desde las canteras libertarias (y desde otras con motivaciones subalternas) sobre el escandaloso proteccionismo del que hace gala Donald Trump. Es cierto que un principio práctico —que no es una ley económica, ojo con eso— nos habla de que la apertura de la economía es beneficiosa en el mediano y largo plazo, haciendo sostenible el crecimiento y desarrollo. Para economías relativamente pequeñas o poco industrializadas, abrirse al mundo es fundamental para remontar una situación de atraso y pobreza. Pero entre economías desarrolladas, el tema es muy diferente, y se impone un enfoque pragmático. Si una economía desarrollada se abriese en forma unilateral al comercio mundial, eliminase todos los aranceles y sobrecostos, sin importar que sus pares no lo hagan, sería equivalente a que, en nombre del pacifismo más ingenuo, proclamemos y ejecutemos un desarme unilateral. No hay forma de sostener una propuesta como esa sin negar la realidad más elemental.

Por eso, el “libre mercado” resulta una falacia si se toma en términos absolutos. No existe ni una sola economía nacional que deba sostenerse en un espacio geográfico y demográfico significativo que no haga reservas y excepciones respecto de un modelo de economía libre. Incluso los espacios pequeños (que serán tema de un futuro artículo) —tales como Liechtenstein, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y otros—, aunque más cerca del ideal de libertad económica, tienen lo que podríamos llamar lunares de no libertad. Lo que importa son las tendencias y los principios generales. Es importante que haya claridad suficiente para que las excepciones no se conviertan en reglas: ciertas empresas son estatales o paraestatales, ciertos precios tienen un control (precio mínimo) que fomenta la producción en pequeñas y medianas industrias, ciertas materias primas tienen controles más allá de los necesarios, ciertos aspectos sanitarios establecen reglas que elevan las barreras de entrada a algunos mercados, la gasolina tiene una estructura tributaria confiscatoria por su fácil recaudación para cubrir buena parte de los gastos del Estado, ciertos trámites burocráticos innecesarios financian gastos superfluos, ciertas regiones alejadas gozan de subsidios directos o subsidios cruzados, ciertas zonas de frontera tienen regímenes económicos especiales por cuestiones de geopolítica, etc. En verdad un largo etcétera. Incluso los países que se encuentran en el top de todos los rankings de libertad económica cuentan con estos y otros elementos antilibertad. Se trata de un pragmatismo inevitable y bien llevado, en la medida que no distorsionemos la percepción de la realidad.

Pese a todo lo que se ha sufrido en su momento, en nuestros países seguimos cayendo una y otra vez en la mayor falacia de todas: la de un Estado que —premunido de la violencia legal coactiva y coercitiva— pretende resolver todos los problemas con leyes mágicas y burocracia celestial. No solo se alimenta desastres, sino que se sostiene gravemente una corrupción generalizada. Solo un Estado mínimo garantiza que los niveles de corrupción se minimicen en las sociedades civilizadas. La mejor política económica es la que definen los propios agentes económicos en libertad, con un Estado que no pretenda corregir ni erigirse en el arrogante planeador central, sino que acompañe en los esfuerzos legítimos de esos agentes económicos. El Estado debe atender lo que le es propio y lo que está bajo su directa responsabilidad: seguridad, justicia e infraestructura, además de servicios sociales de carácter subsidiario. Quienes hemos vivido los rigores del desastre económico del régimen socialista militar entre 1968 y 1990, y quienes hemos tenido la referencia del que sufrieron nuestros padres, aquel penoso período de los estanquillos entre 1945 y 1948, sabemos que el Estado no es la solución, sino que el Estado en verdad es el problema.