Sobre fallos y fallos

El bullying mediático al juez Villa Stein por el caso Fujimori

El fallo que absuelve a Alberto Fujimori del delito de peculado, en el caso de los denominados “diarios chicha”, nos puede parecer correcto o incorrecto, justo o no, desproporcionado o no, buena o mala señal para limpiar la política de corruptos. Pero de lo que no se podrá acusar —no de momento, al menos— a los magistrados de la Sala Penal Suprema que votaron en forma unánime, es de prevaricato o de corrupción. Es decir, de haber sido sobornados, haber decidido en contra de la ley o haciendo una interpretación maliciosa o inadecuada de la misma.

Quizá algunos se indignen por el alcance actual (absurdo y extremadamente restrictivo probablemente) del delito de peculado, al aplicarse exclusivamente a aquellos funcionarios públicos que tengan a su disposición y/o custodia disposición de bienes o recursos públicos. Pero eso es lo que efectivamente establece la ley. En tal sentido, la indignación debería ser contra esa y otras disposiciones de nuestro ordenamiento penal; pero no en contra los jueces, que están obligados (porque no tienen alternativa) a hacerlo valer.

Exigir predictibilidad en la administración de justicia y estabilidad de las normas suena muy bien tratándose de decisiones que nos gustan, pero no así en situaciones inversas; tal y como se ha hecho evidente con este caso. El respeto al Estado de derecho supone un compromiso básico de aceptación de las decisiones judiciales, lo que no niega nuestro derecho a criticarlas abiertamente.

Por ejemplo, si un fiscal o un juez establece que una persona no causó lesiones graves a su pareja (habitualmente mujer), pero la evidencia fotográfica (o algún elemento probatorio creíble) nos muestra que la víctima quedó prácticamente desfigurada, dicho fallo no solo debe ser criticado sino condenado. Lo que ese operador del sistema de justicia está haciendo es burlarse de todos nosotros al torcer los hechos y, por ende, la aplicación de la ley.

El fallo unánime a favor de Fujimori es de otra naturaleza. Nos obliga a debatir (hace debatible la decisión, en realidad) sobre el alcance o eventual interpretación de la ley, a propósito de un conjunto de hechos que aparentemente no alcanzaron un mínimo probatorio para calzar con el supuesto del peculado. Por esa razón, el bullying del que nuevamente es objeto el juez Javier Villa Stein (presidente de la Sala Penal Suprema) es injusto y desproporcionado. Nada (otra vez, de momento) hace pensar que su actuación jurisdiccional o personal haya estado apartada de la aplicación estricta de la norma, o que se haya producido una interpretación antojadiza de ella, más allá —repito— de las discrepancias legales. Más aún, si el veredicto es unánime, el bullying resulta antojadizo y ex profesamente dirigido hacia Villa Stein, clara y públicamente conocido por sus posiciones anti izquierda.

La democracia supone respeto y tolerancia con todas las opiniones. Pero la administración de justicia en modo alguno (se supone) puede estar sujeta a posiciones políticas o influencias mediáticas o de cualquier tipo. Lo que debe prevalecer (como derecho humano esencial) es la garantía irreductible que tenemos todas las personas de que se nos aplique justicia única y exclusivamente dentro del alcance y los límites que la ley fija. Punto.

Mario Saldaña C.

@msaldanac