Si haces lo mismo no esperes resultados diferentes

Estamos siendo víctimas de lo obvio. Más allá de señalamientos que siempre buscan “en el otro” la raíz de los problemas, ninguna acción será eficaz si insistimos en más Estado para enfrentar problemas que el mismo Estado y su lógica perversa perpetran.

En forma transversal, de uno a otro lado del espectro político, el estatismo ha hecho metástasis en nuestro país. El falso clamor de “necesitamos una ley que...” cada vez que se enfrenta un problema, es una muestra de ello. Por simple inspección, en la inmensa mayoría de casos eso es lo que menos necesitamos. No es casualidad que todo nuevo gabinete ministerial inicie su gestión pidiendo facultades legislativas al Congreso. ¿Acaso no puede administrar sobre la base del cuerpo legal existente, y solo por excepción pedir algún instrumento legal nuevo o modificado?

Hay un elemento central en esta patología estatista de la administración gubernamental: si no se invoca “nuevas” leyes como solución mágica, la presencia de los políticos se hace poco justificable y racionalmente insostenible. La hipertrofia del aparato estatal no solo acusa un exceso burocrático en empleos ordinarios de favor, sino también en políticos elegidos cuyo número excede toda lógica. Por eso hay voces que hablan de que no necesitamos una revolución, sino una “gran devolución”.

En efecto. Se requiere una “gran devolución” de recursos financieros extraídos en forma ilegítima y abusiva —aunque legal— de los bolsillos de nuestros ciudadanos. El servicio que presta el Estado a través de las instituciones judiciales es una estafa en todo orden; por lo tanto, debería devolverse la parte proporcional de los impuestos que se tomaron de los ciudadanos, pues no se brindó el servicio pertinente. Es increíble cómo el Estado se permite hacer cosas que si las hiciese un ente privado tendría con seguridad una sanción legal contundente, cuando no incluso cárcel para sus directivos. Salvo que “arregles” con los jueces, fiscales y policías. ¿Cómo creen que los socios locales de la megacorrupción del socialista Foro de Sao Paulo, el corrupto socialista Lula Da Silva y sus corruptos operadores mercantilistas Odebrecht y secuaces, han quedado limpios de polvo y paja?

Esa “gran devolución” a favor de los ciudadanos también debe abarcar atribuciones y actividades económicas. El Estado debe intervenir por excepción, solo allí donde la sociedad civil, a través de sus emprendedores privados, no pueda hacerlo. Basta ya de cobrar impuestos sin que haya una contraprestación eficaz y proporcional a esos impuestos. Estos servicios que presta el Estado incluyen los corruptos, corruptores e ineficaces Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

No es posible que los congresistas tengan cheques en blanco y no rindan cuentas ante nadie, porque sus electores se disuelven bajo el manto difuso de la votación preferencial. Se requiere con carácter urgente desmontar la frondosa legislación electoral —que crea todo un mercado negro de corrupción estatal— para migrar hacia un simple sistema de circunscripción electoral uninominal, con el derecho inalienable de los ciudadanos a revocar el congresista que esa, y solo esa, circunscripción uninominal eligió. Se acaban las “locomotoras”, se acaban los desconocidos que participan de la subasta y tómbola del voto preferencial, se acaban los que logran “un buen número” para ganar de carambola. Devolvamos a los ciudadanos el derecho a pedir rendición de cuentas a sus representantes y a castigarlos —si fuera el caso— con procedimientos rápidos y sencillos. De este modo, el congresista volverá a tener el prestigio que nunca debió perder. Y será nuevamente puesto en valor el hecho de ser electo por voluntad popular, pues se legitima un proceso que nunca debió trivializarse ni estigmatizarse, como ha sucedido.

Otro tanto debe hacerse con el Poder Judicial, nominando jueces supremos por elección popular; e incluso a los jueces de primera instancia en pequeñas circunscripciones, en donde se elija a quien se conoce en la comunidad. También devolver protagonismo a los propios ciudadanos, con el modelo de jurados integrados por ciudadanos comunes y corrientes, quienes se encargarían de determinar culpabilidad o inocencia, mientras el juez solo daría la sentencia de acuerdo con lo que el jurado determine.

Finalmente, otra fuente de corrupción se relaciona al “amiguismo” en la elección de ministros (recordemos a la “nuez”, hasta hoy impune). Debemos acabar con esa pésima costumbre cortesana que tienen los presidentes de rodearse de amigachos como ministros, o tener a los amigos de su primer ministro. Como sucede en muchas democracias avanzadas, los ministros se deben nombrar entre los congresistas electos por voluntad popular. Y si se quiere nombrar ministro a alguien que no es congresista, se convoca elecciones en la circunscripción uninominal respectiva. El pueblo decide, siempre; y no por azar o carambola, sino en forma directa y consciente. Esto induce a los partidos a tener mejores candidatos al Congreso, pues deben ser en su mayoría gente “ministeriable” y no cualquier hijo de vecino que revienta la elección con harto dinero proveniente de dudosas fuentes de financiamiento.

Tener en cuenta lo que los ciudadanos deciden, eso también devuelve categoría y nivel a la voluntad popular, que debería ser la piedra angular de toda democracia. Y que hoy es despreciada, en los hechos, por los mismos políticos, pues usan esa voluntad popular para ser elegidos, pero luego no rinden cuentas durante los cinco años de su período. No hay soluciones mágicas. Debemos recurrir a mecanismos que coloquen en el lugar más importante a la voluntad popular y no a la turba descontrolada en las calles, ni a los mesiánicos totalitarios que están esperando estas dificultades para vender su despreciable mercadería.