Serenidad ante las modificaciones constitucionales

Casi ningún cambio importante puede realizarse correctamente si lo hacemos con apresuramiento, ya sea en la vida personal, en el campo de la actividad corporativa o en la actividad estatal. Los cambios relevantes requieren un análisis lógico (no pasional), estudio comparado con otras realidades y planeamiento de escenarios; porque el tiempo pasado no regresa y las soluciones exitosas de ayer rara vez sirven hoy, y nunca mañana.

El estado de derecho tiene dos pilares que no deben soslayarse nunca. No es racional ni maduro proponer una imposición apresurada de cambios, de cara a la siempre volátil platea, pues el riesgo de debilitar el sistema jurídico y económico y perder lo avanzado con tanto sacrificio, tras décadas de desastrosos ensayos (1968-1990), es muy grande.

El primer pilar es el sistema de normas legales, que tiene como columna vertebral la Constitución. El otro pilar de toda democracia contemporánea es el imprescindible sistema de los contrapesos (check&balance) entre los tres poderes del Estado; dos de los cuales (Ejecutivo y Legislativo) comparten su origen en la expresión de la voluntad popular mediante el voto. Es irracional el afloramiento anacrónico de la vena neomonárquica, que lleva interesadamente a olvidar esa identidad en el nacimiento de la legalidad y legitimidad del Congreso y el Presidente. Más allá de los fallos y deficiencias que uno u otro exhiban, el mandato de ambos nace del voto popular y tiene racionalmente plazo predeterminado por la misma Constitución.

Aunque las democracias más estables registran muy pocas modificaciones en su Constitución, es perfectamente válido buscar mejorar (no solo cambiar por cambiar) aquellas cosas que en la aplicación no hayan dado resultado. La bicameralidad puede contribuir a una mejor calidad y serenidad en la producción de leyes, si se logra establecer conjuntamente requisitos académicos y cronológicos que permitan suponer una disminución en el riesgo de pobre racionalidad en el análisis e impulsividad en la decisión.

La no reelección absoluta conducirá irremediablemente a un aprendizaje permanente y, por tanto, mayor lentitud y menos eficiencia. El problema real no radica en la posibilidad de reelección, sino en la forma de elección (voto preferencial) que permite el triunfo de la mejor billetera; y con escaso margen, y por lo tanto escasa responsabilidad, del partido por las personas que reciban la confianza del voto ciudadano.

Evidentemente ha fracasado el sistema corporativista de elección de jueces, inventado por Benito Mussolini y recogido por nuestra Constitución gracias al impulso de algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras. Por lo tanto, más que determinar quien propondrá o decidirá a los integrantes del CNM, se hace necesario repensar la forma de elegir a los jueces, promoverlos, controlarlos y sancionarlos. Reitero mi inclinación por un sistema de ingreso meritocrático de puerta única, que prefiera y atraiga a los mejores alumnos de las mejores facultades de Derecho (se hace imprescincible un ranking imparcial no politizado de universidades).

La promoción debiera hacerse por exámenes u oposiciones públicas, en las que no haya cabida para la dádiva o el compadrazgo. La elección de vocales supremos podría ser por propuesta de un poder (Ejecutivo o Legislativo) entre los mejores jueces superiores, y con la ratificación del otro, para entroncar de algún modo este poder del Estado con la voluntad popular, que hoy fundadamente lo siente distante, y alejándolo de la secular competencia de logias y argollas internas. La capacidad de sanción debe recaer en una rama específica del Pode Judicial, sin otra función.

Contrariamente a lo reclamado con pompa por cierta cháchara ideológica que esta siendo desenmascarada, debemos tener claro que no todo cambio es progreso. Solo lo es cuando supone una mejor solución al problema que busca solucionar.