Se olvidaron de los peruanos

 

Durante los últimos días se ha levantado mucha polvareda en torno a las reuniones secretas sostenidas por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el presidente de la República, Martín Vizcarra. Reuniones en las que, al parecer, existió un compromiso de confidencialidad, pese a que toda reunión entre estadistas debe ser transparente, sin secretos. Aunque no se hagan públicos los detalles.

Si bien esta reunión —que no deja de ser un tema anecdótico— fue un secreto a voces, causa extrañeza la exagerada cobertura mediática que se le viene brindando al tema. Hasta ha llevado a un segundo plano la reforma del sistema de administración de justicia y la lucha contra la corrupción, que después de 30 días aún no son abordadas por el Congreso.

El país requiere con urgencia un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, para ordenar la destitución de los jueces y fiscales implicados en los audios y actos de corrupción. Y también para el nombramiento de magistrados probos y con gran experiencia, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial.

Tiene razón Keiko Fujimori cuando manifiesta que los temas de la bicameralidad y la no reelección inmediata de congresistas no son prioritarios. Pero sus declaraciones se contradicen con la agenda que su bancada ha puesto en debate, que es precisamente el tema de la bicameralidad. Así dejan encarpetada la reforma Judicial, tema prioritario para comenzar a reordenar el estado de derecho en el país.

En forma paralela, el presidente Martín Vizcarra está encendiendo la pradera con un discurso desafiante contra la primera fuerza política del Congreso. Una situación que, curiosamente, es aprovechada por algunos miembros del oficialismo que hasta hace poco lo tildaban de traidor y desleal. Hoy esos mismos políticos vienen acudiendo a los diferentes medios de comunicación, para echarle más leña a la hoguera.

Mientras tanto, la opinión pública reclama indignada la destitución de jueces y fiscales corruptos. Más aún, al tomar en cuenta las últimas declaraciones del presidente del Poder Judicial, en las que indica que la justicia peruana está infiltrada por el narcotráfico. Pero los legisladores aparentan no darle importancia a tan gravísima denuncia. La bancada oficialista y la mayoría parlamentaria, por el contrario, se muestran empeñadas en gastar sus mejores esfuerzos ocupándose de la cita secreta entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra.

Si persisten dichas actitudes, la reforma del sistema de justicia deberá aguardar turno en la agenda del Congreso. Hasta que la Comisión Lava Jato concluya dando a conocer las 18 acusaciones constitucionales y 116 penales contra ex presidentes y ex ministros que se coludieron en negocios ilícitos con varias constructoras.

Con su actitud, los miembros de las bancadas oficialistas y de oposición dejan la sensación de querer eludir la responsabilidad de castigar a magistrados y altos funcionarios implicados en delitos de corrupción, por temor a que se descubran probables conexiones con el poder político. De lo contrario, no se comprende otra justificación a la vista.

Las autoridades tienen que preocuparse por la reforma del sistema de justicia, ya que ello es clave para iniciar un proceso de moralización en el país. Mientras tanto, los cabecillas de la banda de los “Cuellos Blancos del Puerto” y otros malos funcionarios, que actúan al margen de la ley, seguirán disfrutando de la inmunidad y la impunidad al no haber un organismo competente, como el CNM.

Si los poderes Ejecutivo y Legislativo persisten en seguir enfrascados en discusiones bizantinas, acciones fundamentales como la reconstrucción con cambios, la lucha contra la inseguridad ciudadana, el desempleo, la restructuración del sistema de salud pública y la reforma de la educación, seguirán encarpetadas. Hasta que, en cualquier momento, la indignación popular estalle y lleve a la ciudadanía a las calles para expresar su justificada protesta frente a tanta incompetencia política.