Se nos acabó el wishful thinking

Reflexiones sobre nuestro sueño trunco de ser un país desarrollado

¿Se acuerda cuando, hace menos de un año, el CADE 2014 utilizó el lema “Hagamos del Perú un País del Primer Mundo”? Ello les costó a los empresarios peruanos las burlas de columnistas irreverentes. “Estamos a una pasito de la OCDE”, fue otra de la clase empresarial peruana, siempre tan conectada con la realidad del país, con la que gozamos. En ese momento sostuve que ello no era más que un vulgar wishful thinking (buenas intenciones) sin sustento alguno. Y, de pronto, la realidad nos golpea y los empresarios y sus buenas intenciones se van achicando.

La historia del desarrollo de los países ha sido distinta en tiempos y procesos, pero si en algo coinciden los expertos es que para lograrlo se requieren tres requisitos indispensables. Primero, la impersonalidad de las instituciones. En un país desarrollado existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que en uno no desarrollado este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. El crecimiento económico no es suficiente, pues en los países en desarrollo está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas. Ello se evidenciaba en el caso de las industrias extractivas en el Perú. Por ello, aunque el crecimiento experimentado la década pasada hubiese sido mantenido, sería insuficiente para lograr el desarrollo. Hoy, que la desaceleración económica empieza a sentirse, el desarrollo se ve cada vez más lejano.

Segundo, el estado de derecho. En los países desarrollados el estado garantiza la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el respeto al derecho de propiedad y a los contratos. En el Perú, la justicia, aquella que se cree ciega e imparcial, la compra aquel que tiene acceso al poder y a los Habeas Corpus, hoy tan de moda para evitar rendir cuentas ante la ley. La impunidad es cosa de todos los días y ya estamos acostumbrados a ella. Fíjese usted cómo ciudadanos investigados por el Congreso de la República, un poder del Estado, se dan en lujo de no presentarse cuando son citados a las Comisiones Investigadoras. Y cuando lo hacen se creen con derecho de ponerle límites a los congresistas. ¡Y no pasa nada!

Tercero, el Estado debe tener el control sobre el monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, huaraquero, etnocacerista, paramilitar, sicariato) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. Y ello, en parte, debido a la campaña de deslegitimación de las fuerzas armadas y policiales emprendida por la izquierda peruana, que buscó poner en igualdad de condiciones a los grupos terroristas y al Estado. Hoy la vida de un policía vale mucho menos que la de cualquier otro ciudadano. Mire usted como en Bagua y Pichanaki los Ministros del Interior del momento creyeron que la mejor forma de controlar a una turba de manifestantes azuzados por líderes radicales era enviando a la policía . . .  desarmada.

Y ahora, se nos acabó la ola del crecimiento económico . . .  y con ella el wishful thinking de la clase empresarial peruana. La visión de país no, porque esa nunca hemos tenido.

Por: María Cecilia Villegas