Se le acabó el crédito a Urresti

El Ministro Urresti y el gobierno sin estrategia contra la inseguridad ciudadana

Cuando el ministro Daniel Urresti empezó su gestión, en este portal advertimos que tendría un período de gracia de unos tres meses antes de empezar a mostrar el inevitable desgaste político que conlleva un Sector tan difícil; sin embargo, el crédito se le está acabando antes debido a los graves errores que ha cometido en las últimas semanas y, principalmente, porque ya es evidente que no tiene una estrategia para frenar el desborde de la delincuencia.

De hecho, la oposición parlamentaria ya ha planteado un pedido de interpelación al ministro que debe resolverse en unos días debido a las infelices y graves insinuaciones que deslizó en contra el ex candidato fujimorista a la alcaldía de Barranca Alberto Tapia, a quien vinculó con el narcotráfico sin base alguna y con el claro propósito de enlodar al partido Fuerza Popular. Sus palabras han quedado registradas: “Como ustedes verán, hemos incautado más de 400 kilos de cocaína. Todo parecería indicar que este candidato también está comprometido”, dijo en aquella oportunidad. Ahora tendrá que responder por ellas ante el Congreso.

Urresti deberá explicar ante el Pleno por qué lanzó semejante imputación contra el candidato si las investigaciones realizadas durante siete meses por la policía y la Fiscalía ya habían establecido que Tapia desconocía las actividades ilícitas de su cuñado detenido. Si el ministro acusó a Tapia conociendo esos informes habría cometido delito, qué duda cabe, y debería responder por ello.

A este caso se han sumado otros dos hechos graves. La sospechosa detención del capitán en retiro de la policía Jesús Chávez, y  el probable asesinato a golpes del alcalde de Kepashiato, Rosalío Sánchez, a manos de policías, y el intento posterior de relacionar a la víctima con el narcotráfico para desviar la atención pública.

Jesús Chávez fue presentado como un supuesto proveedor de armas ilegales, cuando en realidad se dedica a la producción de prototipos de armamento con todos los permisos legales. Es verdad que Chávez fue condenado hace años y purgó condena, pero ahora no hay nada que lo inculpe de delito alguno. Aún así, Urresti lo acusó y mostró como “prueba” una pistola automática que, según dijo, “es usada por sicarios”, cuando en realidad es un prototipo que construyó Chávez a pedido del ejército y por el cual ha sido felicitado y premiado.

Pero la razón fundamental del desgaste de Urresti, además de estos incidentes patéticos que lo exponen al menos como irresponsable, es que la delincuencia sigue actuando a sus anchas y que el ministro no puede mostrar hasta ahora avances efectivos para contrarrestarla. Los asaltos, robos y asesinatos de sicarios continúan, nada los detiene. Lo vemos los ciudadanos a diario mientras el ministro hace política barata enlodando a opositores o acusando sin pruebas para “cambiar la percepción” de inseguridad.

Y por si fuera poco, el plan de seguridad ciudadana que ha presentado hace unos días confirma el enfoque meramente policial de un problema complejo que requiere una respuesta integral y simultánea que exige reformas en la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, los ministerios de Educación y del Interior, gobiernos regionales y municipales, etc., sobre la base de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país, dentro y fuera del Congreso.

¿Por qué el gobierno se resiste a hacer las reformas que se necesita con urgencia para darle seguridad a los ciudadanos? ¿Acaso porque la izquierda que co-gobierna teme perder la influencia que ejerce en el sistema de justicia a través de los jueces y fiscales “capacitados” por sus ONG?  ¿Para qué sirven el sistema de justicia y el INPE descompuestos, solo para usarlos como armas stalinistas de venganza política?

La seguridad de los peruanos demanda medidas extraordinarias, reformas institucionales y leyes más severas contra el crimen organizado, pero el ministro Urresti lo ignora y el gobierno se niegan a hacerlas para mantener la injerencia de las ONG de izquierda en el sistema de justicia. No olvidemos que el desembalse de inseguridad que vivimos se inició el 2000, cuando la izquierda promovió la eliminación de las leyes que acabaron con las bandas armadas que asolaron el país a fines de los 90. Igual que ahora, a la izquierda no le importó la seguridad de los ciudadanos con tal de imponer su voluntad política.

Por Víctor Robles Sosa
(09/09/2014)