San Marcos en movimiento

Análisis desde la izquierda sobre el caos desatado por la ley universitaria

Durante la dictadura fujimorista la mayoría de universidades públicas fue intervenida. El gobierno usó el pretexto de la presencia senderista para implementar una estrategia que le permita asumir el control político de las universidades, una de ellas fue la universidad de San Marcos. Fujimori conocía que las universidades públicas eran espacios donde se ubicaban las fuerzas de oposición a la dictadura. Las intervenciones con comisiones de gobierno, la presencia de policías encubiertos en las aulas, desarticulación de los gremios y el abandono presupuestario fue parte de su estrategia para aplacar cualquier pensamiento crítico.

Luego de la caída del Fujimorato, se reintegró la comunidad universitaria a las competencias democráticas para las elecciones de sus autoridades. Sin embargo estos mecanismos que intentaban fortalecer los consensos en la gestión universitaria terminaron siendo la puerta para que grupos de interés locales capturen la administración y se enriquezcan a costa de los recursos estatales. La impunidad aumentó cuando encontraron mecanismos legales para desvirtuar la autonomía universitaria por años.

Estas organizaciones mafiosas que traen consigo un carácter autoritario y patrimonialista vienen utilizado prácticas clientelares para conseguir respaldo político y también han constituido una red de operadores estudiantiles. Estas fuerzas han implementado las orientaciones neoliberales para la educación superior, que ha generado flexibilización laboral del personal administrativo y docente con sobrecarga laboral y con salarios injustos, escasa participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, aumento de puestos burocráticos de alta dirección, gestión autoritaria, estudiantes  sometidos al mercado,  la baja calidad de enseñanza y modificaciones de currículas a favor del neoliberalismo, reducción de los cursos de humanidades y el  acoso a dirigentes estudiantiles.

En San Marcos, las fuerzas políticas que han estado disputando el gobierno universitario son: el Frente Unidos, agrupación que ha tenido las últimas dos gestiones con los rectores Luis Izquierdo y Pedro Cotillo. Ambos han sido acusados de ejercer una red de corrupción que lucra alrededor de los procesos de licitaciones de bienes, servicios y construcciones que han proliferado en el último periodo sin fiscalización aparente, además de otros negocios que están vinculados a la universidad. Cotillo tiene incluso denuncias por la compra de votos para alcanzar el rectorado y ha sido enemigo de las dirigencias estudiantiles. La otra agrupación es Acuerdo Institucional, que  gobernó con la gestión del rector Manuel Burga, que fue muy criticado durante su periodo. Hoy mantienen una relación más que amigable con la Sunedu. El propio Burga y Zenón De Paz (miembro del Sunedu) se han puesto a la cabeza de la implementación de la nueva ley universitaria que, no obstante tener aspectos secundarios favorables en comparación a la anterior, está regida por su carácter neoliberal.

Los estudiantes sanmarquinos enfrentaron un conflicto político intenso contra las autoridades hace unos días, del cual han salido victoriosos. La FUSM por encima de sus limitaciones lideró el Frente Triestamental que unificó la protesta y logró alcanzar la firma del pliego de reclamos, legitimándose ante los alumnos.

La implementación de la nueva ley generó una ventana de oportunidad, donde tras el caos ocurrido con la destitución del rector, se pudo alterar las relaciones de poder, modificando la correlación política. Ahora la atención se fija para  las elecciones estatutarias donde ojala la política estudiantil derrote a la corrupción por un lado y al sectarismo por el otro.

Por Marcos Sipán