Repelente para leones

¿Debe el Estado controlar las emisiones de gases de “efecto invernadero”?      

Se nos advierte que el “Perú anunciará en agosto cuántas emisiones reducirá”… ¡Pronto, nuevas leyes, unos cuantos reglamentos, más funcionarios y fiscalizadores! No teman, los eco-stafadores lo afirman: todo será por el bien de la economía, hay posibilidades de nuevas actividades y oportunidades de eco-empleo. Con este cuento keynesiano, el Perú debería estar entre las más grandes potencias económicas.

Pero ¿por qué tanto apuro? Me responderán ¡por la COP21, por supuesto! Y precisamente, ¿por qué ahora?, ¿Por qué por la COP21 y no la 6, la 15 o, quien sabe, la 40? Podría ser que el apuro de los malthusianos venga del temor de ver sus anuncios climáticos apocalípticos fracasar igual como fracasaron los anuncios anteriores del club de Roma.

En efecto, parece haber llegado el tiempo para que los eco-estatistas y otros políticos afines traten de demostrar - inútilmente - que proporcionaron las medidas de austeridad necesarias para solucionar un problema ¡que no existía!

Como he tratado de enseñar a lo largo de mis columnas, la temperatura global del planeta no sube desde hace 18 años, los glaciares no se derriten –al contrario-, el planeta se vuelve más verde, y en cuanto a las tormentas si hay una tendencia sería a la baja. Los alarmistas reconocen ahora haber subestimado la importancia de factores naturales en los ciclos climáticos. Al final, para los sandias (verde afuera y rojo adentro) el riesgo de verse en una situación absurda es muy alto. Igual que un vendedor de repelente para leones en la plaza San Martín: “-. ¡Pero si no hay leones en Lima!”. “-.¡Ya ves que eficiente mi repelente!”.

La historia y la realidad peruana deberían hacernos entender y rechazar cualquier intento de control estatal de las emisiones de gases de efecto supuestamente invernadero. Aunque los actuales indicadores macroeconómicos reflejan poco o nada la situación y las esperanzas y necesidades individuales, considero que deberíamos apuntar como único objetivo a duplicar el PBI para el 2030 (o sea un crecimiento anual promedio alrededor del 5%).

Tal objetivo –nada inalcanzable para un mercado libre– se traduciría tanto en la creación de riqueza y de puestos de trabajo que podrían acabar en grande parte con la pobreza y la extrema pobreza. El contrapié es obviamente la creación progresiva de industria, agricultura intensiva etc. y también el acceso de la población a más bienes de consumo y otros servicios emisores directos o indirectos de CO2. ¡Y ojo! no estoy hablando –únicamente- de bienes considerados superfluos por algunos, sino más bien, por ejemplo, de distribución de agua potable, acceso a servicios de salud, educación etc. (que requieren energía, materiales de construcción y tantos otros insumos también emisores).

Si bien buscar la eficiencia – incluso energética - de los procesos es algo noble cuando es económicamente sostenible (lo que hace el mercado de manera espontánea, basta mirar nuestra eficiencia energética entre 1990 y 2011), decidir manu militari que tal año, digamos 2010 (lo que ya sugiere este documento) debe ser tomado como referencia para reducir nuestras emisiones sería un crimen contra la población del Perú empezando por los más pobres. La gente de clase media para arriba –sin mejorar su nivel de vida (lo que en sí no es alentador)– sí podría sustituir lo que tiene por bienes más eficientes y así reducir sus emisiones, pero los pobres tendrán que conformarse con su situación pues para ellos acceder al agua potable, tener una fuente de electricidad, etc. constituirá de todos modos un incremento de emisiones.

Salir de este paradigma, implica para los más retrógrados volver, sea por causa social o ecologista, a su tradicional receta colectivista de redistribución igualitaria de la riqueza. La historia soviética o el actual caso venezolano nos deberían servir de advertencia: ¡La riqueza no se redistribuye, se genera!

Por Vincent Dumoritier
21 - Abr - 2015