Renovar la clase dirigente

No creer en los advenedizos que promueven linchamientos políticos

El año 2000, tras la exhibición pública de un video que mostró ciertas líneas de acción detrás de las esferas del poder, el Perú supo rápidamente reorganizar su sistema político dentro de lo que establecía la constitución vigente. El Congreso reemplazó a su presidente en ejercicio y ungió como presidente al Dr. Valentín Paniagua, quien finalmente ocupó la Presidencia de la República encabezando el denominado “gobierno de transición”.

Las siguientes elecciones generales se llevaron a cabo en el 2001, sin que el pueblo fujimorista estuviese debidamente representado. El Dr. Francisco Tudela, ex canciller y renunciante candidato a la primera vicepresidencia para un tercer mandato consecutivo del Ing. Alberto Fujimori, decidió no participar en dichos comicios, no obstante encabezar las encuestas y tener asegurado el respaldo de un tercio del electorado.

Francisco Tudela representaba —quiéralo o no— a ese fujimorismo que durante diez años trabajó para derrotar al pensamiento de izquierda, aquel pensamiento que consideraba a los ciudadanos como una recua a la cual había que dirigir desde el Estado. La justificación era que las personas son egoístas en sí mismas, mientras que quienes ejercen el poder son funcionarios altruistas al servicio de la colectividad. Nada más falso.

El fujimorismo, ciertamente no es una ideología, es un conjunto de experiencias de gobierno en las que hubo acciones positivas y negativas. En tanto que el fujimorismo popular es aquel que reconoce la derrota de la hiperinflación y la violencia terrorista, así como el soltar algunas ataduras a las que había sido sometida el mercado —clientes y proveedores— durante veintidós años, para que cada quien emprenda su camino al desarrollo.

Los movimientos de izquierda se opusieron a ambos fujimorismos, inculpándolos de autoritarios y corruptos. Emplearon sus metodologías de análisis social para encubrir su ideología, movilizaron a sus frentes y a sus cascarones sindicales, también a algunos ciudadanos crédulos que los siguieron de buena fe.

Empero, en la actualidad, los más connotados líderes continentales de la izquierda —y por supuesto de la izquierda peruana— se encuentran comprometidos en actos de corrupción similares o más graves de los que incurrieron algunos fujimoristas en el ejercicio del poder. Si de algo no han estado exentos los tres gobiernos que siguieron al denominado “de transición”, es de actos o indicios razonables de corrupción, de los cuales tomamos conocimiento gracias a investigaciones originadas en los Estados Unidos y, posteriormente, continuadas en Brasil y Perú.

La fórmula del año 2000 fue el recambio de gran parte de los actores políticos en democracia. Hoy, no nos encontramos en un escenario similar, pero sí se ha constituido el espacio para fortalecer la autonomía de instituciones como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. De sus máximos representantes y de sus propias estructuras depende una actuación ejemplar para salir fortalecidas y encumbrar a quienes, posteriormente, deberán liderar la reforma al interior de ambos organismos del Estado.

La coyuntura actual constituye también un espacio de reflexión para la ciudadanía, que debe dejar de creer en todo aquel advenedizo que promueve el linchamiento político con la única finalidad de excluir a un contendor y asirse del poder. El resultado ha sido nefasto. La estrategia de convocar a todos en contra de algo ha fracasado.

Por Guillermo Vidalón del Pino