Reforma y judicialización de la salud

Con la reforma, cada región realiza la salud pública a su libre entender

El núcleo ejecutor del mal llamado “proceso de reforma” en salud, implementado por el gobierno de Ollanta Humala, está dedicado a influir políticamente a los dos candidatos de la segunda vuelta electoral. En modo oficial, a través de una hoja de ruta ejecutada por el ministro de Salud; y de manera “oficiosa” a través de organismos no gubernamentales e intergubernamentales, para tratar de continuar con el equivocado proceso, salga quien salga ganador. Las ideas, los equipos humanos y las estrategias las pondría el núcleo ejecutor, con la finalidad de que el proceso no se detenga.

El núcleo ejecutor actúa a pesar de que las conclusiones consensuadas por el Foro del Acuerdo Nacional, muestran serias deficiencias a la reforma de salud. Por ejemplo, se abandonó, casi como mala palabra —por las severas críticas que recibió—, la estrategia del aseguramiento universal, y se reforzó el concepto de seguridad social universal en salud. Además, se consensuó que el Sistema Integral de Salud (SIS) debería convertirse en un seguro de salud pleno. Tan equivocada está la reforma de salud que solo puede exhibir una caída abrupta de indicadores sanitarios. No se han cumplido las metas en las redes de salud, cuya misión es la atención primaria. Es decir, se ha afectado a la medicina preventiva y al primer nivel de atención.

El proceso de reforma se realizó a través de 23 decretos legislativos, por lo que son de exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. Esto a pesar de que el Congreso de la República había trabajado doce proyectos de ley, llamados de Reforma del Sistema Nacional de Salud, que están hasta hoy en el pleno para su aprobación. El Ejecutivo remitió una carta al Congreso para bloquear esos proyectos y solicitó facultades para legislar en salud. Transcurrido el lustro del presente gobierno el fracaso en salud ha sido estrepitoso.

La mal llamada “reforma de salud” desapareció la rectoría del Minsa sobre todo el Sistema Nacional de Salud, y la transformó en la lógica de contratos sin ninguna capacidad punitiva de cumplimiento. Transfirió la salud pública a las regiones, cuando la propia ley de bases de la descentralización señala que estas competencias y funciones son compartidas. Como ya he afirmado, lo que se comparte no se transfiere. Esta transferencia ha creado 25 miniministerios de salud. Cada región realiza la salud pública a su libre entender. También se creó la Comisión Intergubernamental (CIGS), para coordinar las acciones de salud; y se han firmado convenios que han quedado en los anaqueles, porque no es obligatorio su cumplimiento.

En la práctica el Minsa no cumple con lo que la Constitución Política del Estado le exige. Ha abusado de las declaraciones de emergencia sanitaria para darse poderes e intervenir en modo tímido en la regiones. Durante mi participación en el Consejo Nacional de Salud presidí, por encargo del ministro, un grupo de trabajo para corregir esa anomalía. Como producto de esa labor se ha promulgado la Ley 30423 que, de manera lamentable, no recoge todas las conclusiones y tergiversa al ente interventor, haciéndolo insuficiente e ineficaz. ¡Increíble!

El financiamiento se ha transferido al SIS, que ha ampliado sus funciones: de pagar la atenciones médicas a remunerar al personal, comprar medicamentos y otras actividades de bien social, que a veces son de uso político. El SIS tiene mayor poder coercitivo que el propio Minsa. Los hospitales, centros de salud y postas han pasado a las regiones, y en Lima Metropolitana han creado un ente llamado IGSS, cuya función es tan amplia como la de un ministerio, porque además de la atención médica le han otorgado funciones de asistencia técnica, de referencias y contrarreferencias, los servicios itinerantes a nivel nacional de especialistas (MasSalud) y el sistema de urgencias a nivel nacional (SAMU).

El Minsa se ha desprendido de su rol fiscalizador y sancionador a través de Susalud. La función es contrastar las normas, malas o buenas, con los hechos en todos los establecimientos de salud. Sus informes correctivos, punitivos o sancionadores dan pie para indebidos procesos de judicialización del acto médico. Por ejemplo, en lo que va del año han muerto 97 mujeres en relación al embarazo, al parto o al puerperio. El informe de Susalud distorsiona la mayoría de veces la acción del fiscal que acusa a las instituciones de salud. ¿A quién reclamar por la falta de equipos, instrumentos, medicamentos, personal e insumos? ¿Al Minsa, al SIS, al IGSS, a las regiones, a la PCM?

He quedado anonadado cuando una funcionaria de nivel intermedio, que por años se recicla en el Minsa, señaló con énfasis que las muertes maternas se deben a la mala actitud de los médicos y profesionales de la salud. Es increíble que con esa lógica pretendan imponer al próximo gobierno su fracasada reforma de salud.

Herberth Cuba García