Reforma tardía contra movimientos locales

Congreso propone un remedo de reforma y a cuenta gotas

La intención de la mayoría del Congreso de aprobar una reforma electoral incoherente, a pedazos y sin poner por delante una reforma política integral, pretende cooptar a los movimientos locales, distritales y provinciales, sin haber garantizado el ejercicio democrático en los partidos y auténticas elecciones primarias. Es un acto oportunista, so pretexto de evitar la fragmentación electoral, cuando en realidad son los partidos actuales los verdaderos responsables de la crisis del remedo de sistema de partidos existente.

 

El propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha exhortado al parlamento para que apruebe una reforma integral, pero una mayoría quiere acomodar la reforma a sus propios intereses. En las últimas elecciones presidenciales —a propósito de los diversos escándalos que sacaron de carrera, a varios candidatos y partidos— todos coincidieron en que la necesaria reforma política y electoral debía discutirse con anticipación a las elecciones municipales y regionales del 2018; pero la mayoría parlamentaria no quiso hacerlo. Y ahora todo indica que volveremos a una improvisada reforma, cuando prácticamente ya estamos en un momento preelectoral.

 

La intención de modificar el artículo 35 de la Constitución y el artículo 17 de la Ley de Partidos Políticos, para prohibir la existencia de movimientos distritales y provinciales, requerirá obligatoriamente una votación de dos legislaturas ordinarias. Es decir, si esa reforma se aprueba en abril del próximo año, se hará cuando el presidente de la República haya convocado las elecciones municipales y regionales, para el primer domingo del mes de octubre del 2018, y cuando cerca de un millar de movimientos locales —distritales y provinciales— ya habrán logrado los requisitos para su inscripción. Otra vez volveremos a lo mismo: cambiar las reglas de juego en pleno proceso electoral, con impugnaciones y recursos que podrían llegar al propio Tribunal Constitucional.

 

Nadie duda que deberíamos caminar a la eliminación de ese tipo de movimientos, pero siempre y cuando exista un escenario normativo de democratización de los partidos y de respeto a las instancias regionales partidarias, con auténticas elecciones primarias y con participación obligatoria de la ONPE, administrando los padrones partidarios. Pero hacerlo con el actual sistema de franquicias políticas, en el que son los dueños de los partidos los que mandan y deciden, solo pretende conducirnos a un interesado momento de cooptación de esos movimientos, de manera antidemocrática y con evidentes intereses crematísticos.

 

La reforma que se pretende realizar aparece como “un arroz con mango”. Por ejemplo, para el caso de Lima Metropolitana, si se aprueba a la letra el Predictamen del Proyecto de Ley Nº 1329/2016-CR eliminaría la posibilidad de que en la plaza electoral más grande del país exista un movimiento regional electoral, por el hecho que aquel proyecto solo permite crear movimientos en aquellos territorios donde hay regiones constituidas. Una condición que no se cumple , sien Lima Metropolitana, donde los kits electorales fueron adquiridos con la intención de formar movimientos provinciales. En el Callao, donde en una sola provincia hay también una región, la situación no estará exenta de problemas; mientras que en la región Lima - Provincias, movimientos distritales y provinciales, dispersos en 11 provincias y 89 distritos, tendrían que hacer una verdadera maratón para construir una identidad de movimiento regional. Eso es imposible en tres o cuatro meses.

 

Yo me pregunto, ¿cómo se podría crear la identidad de un movimiento regional con movimientos locales y provinciales en Puno, donde hay 13 provincias y 108 distritos, en tan poco tiempo? ¿Cómo, en tan poco tiempo, los movimientos locales podrían integrarse a los padrones de los partidos para ejercer sus derechos a elegir o ser elegidos? Esa reforma solo tiene olor a una gran feria y vendetta, un despelote electoral donde ganarán otros tipos de intereses y candidatos que, con los poderes económicos, impondrán una situación propicia para nuevos escándalos. Me imagino que si el Congreso quería fortalecer a los partidos nacionales y solo tolerar la existencia de movimientos regionales, se necesitaría un proceso de recomposición y de creación de identidades, además de niveles serios de organización, que toman por lo menos un año.

 

Lo acertado sería entonces aprobar esa reforma, articulada a otras de modernización y democratización de los partidos políticos, pero aplicarla en las elecciones del 2022 y como parte de una reforma integral, como exige el JNE y la ciudadanía. Y el hecho de que esa reforma no opere para el próximo proceso del 2018 es exclusiva responsabilidad de la mayoría del Congreso, por no aprobarla con la debida anticipación. Ello demuestra que se quiere un remedo de reforma y a cuenta gotas, para luego no cambiar nada.

Neptalí Carpio