RECORRER LAS CALLES DEL PERÚ

Aplicando lo aprendido en las aulas

Una de las cosas que más valoro de recorrer las calles de Lima es escuchar al ciudadano antes de plasmar en una propuesta de política pública modificaciones que realmente sumen para hacernos la vida más sencilla y menos costosa. Hoy quiero compartir con ustedes dos historias que nos grafican parte de la realidad complejísima que nuestro país debe enfrentar para brindar servicios de salud y pensiones que igualen las oportunidades y permitan que, frente una enfermedad o muerte del jefe de hogar, las personas no terminen en situación de pobreza extrema.

Ursula y Magda, madre e hija, fueron docentes del magisterio y se desempeñaron durante más de veinte años en colegios públicos, así calificarían como trabajadoras dependientes con acceso a cobertura de salud y pensiones. Ambas optaron por el sistema público de pensiones (ONP) y contribuían a Essalud. Ursula trabajó como docente en un colegio público en zona de frontera, y cuando el colegio cerró fue trasladada a Lima. Nunca se preocupó de revisar si el colegio había aportado a la ONP y cuando le tocó la hora de jubilarse no contaba con el requisito de los “veinte años de aportaciones”. Entonces inició un conjunto de papeleos, tuvo que enjuiciar a la ONP y contratar a un tramitador. Después de diez años logró probar que efectivamente contaba con el requisito para acceder a una pensión de S/. 450 y. lo más importante, pudo recuperar su derecho a ser usuaria de Essalud.

Magda no tuvo la misma suerte, se enfermó gravemente y fue trasladada del políclinico en el que se atienden las enfermedades primarias al Rebagliati. La operaron de emergencia, pero las citas para el tratamiento de quimioterapia se tenían que ajustar a la disponibilidad. No pudo recibir atención paliativa, y lo más difícil fue que no pudo regresar al colegio donde trabajaba. No le alcanzó el tiempo ni tuvo las fuerzas para tramitar su pensión de invalidez, murió en cinco meses y sus hijos se quedaron en el aire. A la fecha han pasado cinco meses y aún no pueden cobrar la pensión de sobrevivencia ni recuperar los gastos de sepelio, porque entre los sellos y los trámites que se deben seguir, a nadie le interesa qué pasa con la familia de Magda.

Ántero trabajó toda su vida como obrero de construcción civil y tuvo varios infartos durante su vida laboral. Sus internamientos fueron atendidos en el Hospital Loayza y él tuvo que pagar de su bolsillo, porque las empresas para las que trabajaba eran informales. Pasaron los años y dejé de verlo, y un día me lo encontré, ya mucho mayor, trabajando como mototaxista en Comas. Tiene más de 65 años de edad, se afilió como independiente (facultativo) a Essalud y ONP. Hoy es un jubilado con una pensión de S/. 415 que no le alcanza para vivir, por lo que trabaja seis días a la semana y tiene un ingreso neto de S/. 1,500. Como sacar cita en Essalud le toma demasiado tiempo, el control de su enfermedad lo hace en el policlínico y paga de manera privada en un laboratorio para tener el dato de antígeno prostático (marcador tumoral) mensual.

Luego de compartir estos casos con ustedes me gustaría remarcar que el único problema de nuestro país no es la informalidad. Creo que ese es uno de los grandes problemas; pero si no somos capaces de reconocer que —al margen de que los funcionarios a cargo de la ONP y ESSALUD son sin duda profesionales sumamente competentes— el sistema de pensiones y de salud públicos no solo tiene problemas de financiamiento, sino que presenta serias ineficiencias en procesos y gestión, no podremos cumplir con el compromiso de hacer la gran revolución social pacífica que nuestro presidente ha prometido y en la que todos nosotros estamos comprometidos.

Por Giovanna Prialé Reyes