Recogiendo las piezas

Martín Vizcarra se ha consolidado en la Presidencia. El Gobierno ya no caerá, aunque por un momento hubo un peligroso vacío. Tampoco habrá ya cambio de gabinete. No es indispensable. Fuerza Popular retuvo a duras penas la Mesa Directiva del Congreso, la diferencia de votos es engañosa. La mayoría absoluta ya no existe y no se recompondrá. El presidente de la Mesa no dispondrá de margen de maniobra. La sombra de una posible censura a la Mesa estará ahí acechando.

El presidente de la Corte Suprema es un miembro del Tribunal que condenó a Alberto Fujimori por autoría mediata. Hoy declara que él fue el autor de la tesis con que se condenó al ex presidente. En adelante, sus opiniones, actos y decisiones serán objeto de escrutinio microscópico. El paso de los años no ha hecho sino profundizar la imagen de una sentencia que judicializó la política.

El Fiscal de la Nación fue elegido contra viento y marea en una pugna resuelta por un voto. El premier y el ministro de Justicia están en desacuerdo con su nombramiento. Su gestión será objeto de marcación milimétrica. Cero margen de maniobra, igualmente. Esa es la garantía de su imparcialidad.

En diez meses, en mayo de 2019 a más tardar, deben jurar seis nuevos miembros de los siete magistrados del Tribunal Constitucional. Su nombramiento requiere dos tercios de los votos del Congreso. Fuerza Popular no podrá monopolizar su nombramiento, tendrá que negociar. Esa negociación puede fácilmente desembocar en el entrampamiento y la parálisis.

En todo caso, será el TC actual y no el próximo el que resuelva tres casos emblemáticos pendientes: la posible colisión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la continuidad de la libertad de Alberto Fujimori; la inconstitucionalidad de la “Ley Mordaza”, que atenaza a los medios de comunicación; y el acatamiento por el Congreso de la sentencia del TC sobre la ley de “bancada mixta”. Los tres son cruciales para el futuro de Fuerza Popular en la vida política peruana.

Finalmente, el subproducto de todo el tsunami que ha barrido nuestra democracia de baja gobernabilidad, y el único modesto progreso en décadas de institucionalidad fallida, es que el Consejo Nacional de la Magistratura dejará de existir en la forma en que lo hemos conocido. No será eliminado, como debería, solo será reformado. En nueve meses será reconstituido. La propuesta de la comisión de notables caviares no dejará morir al organismo constitucional autónomo, pero al menos lo despojará de su nefasta autonomía. Con ello se dará entrada finalmente, como debió ser desde un principio, al Ejecutivo y al Legislativo en la designación de los jueces de la Corte Suprema. Aunque sea de manera indirecta, a través de un CNM innecesario. Es un modesto paso, al fin, hacia la recuperación del equilibrio de poderes. Uno que, sin embargo, no lo restablece.

Es lo que hay.