¿Realmente se quiere reforzar la lucha anticorrupción?

Dotar de mayor autonomía a los procuradores públicos

Terminada la campaña electoral (en la que se propone mucho y poco se cumple), el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski asumió el compromiso de fortalecer a nuestras maltratadas procuradurías. Y es así que su Consejo de Ministros pidió facultades delegadas al Congreso de la República para, entre otras cosas, aprobar las reformas que sean necesarias a efectos de modernizar al vetusto sistema de defensa jurídica del Estado. La lógica de la reforma que se proponía, y que en el último año se ha venido discutiendo, era fortalecer este sistema dotando de mayor autonomía a los procuradores públicos, que por mandato constitucional son los encargados de velar por los intereses del Estado.

Un gesto importante de este gobierno fue la reivindicación de la doctora Julia Príncipe como presidenta del Consejo Jurídico de Defensa del Estado. Sin embargo, un gesto no puede ser el sustento de una reforma tan importante como la que se planteaba. Es por ello que, en función a las facultades delegadas por el Parlamento, la administración Kuczynski promulgó el 6 de enero de 2017 el Decreto Legislativo N° 1326 que, entre otras cosas, crea la Procuraduría General del Estado y aprueba mecanismos para dotar de mayor autonomía a todos los procuradores públicos.

La norma en cuestión tiene varios puntos fuertes, pero también puntos débiles que deberían revisarse; empero, ninguna norma es perfecta, como bien sabemos. No obstante, el problema del Decreto Legislativo 1326 no radica en algunas de sus imprecisiones, sino que hasta el día de hoy no ha entrado en vigencia. Es decir, seguimos sin Procuraduría General de la República o mayor autonomía funcional para los procuradores.

La razón de esta inoperancia es sencilla. El propio decreto legislativo 1326 establece que debió entrar en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento, el que sería aprobado por Decreto Supremo en un plazo no mayor a noventa días calendarios, contados desde la publicación del mencionado Decreto Legislativo (06.01.17).

Hoy se cumplen 158 días desde que el gobierno publicó el citado decreto legislativo y 68 días en exceso desde el cumplimiento del plazo límite para la aprobación del reglamento. ¿Cuánto tiempo más requiere el gobierno para cumplir con su labor? ¿Acaso no tenían, por lo menos, avanzado un proyecto de reglamento? ¿A quién culparán ahora por este tema?

A poco más de diez meses de gestión pepekausa, preocupa que se embarquen en pugnas con otros poderes del Estado para defender proyectos como Chinchero o similares, y que no quieran dedicar un poco de su tiempo a fortalecer el trabajo de quienes defienden los intereses del país, y que son pieza clave en la lucha contra la corrupción. ¿Qué estará haciendo la ministra de Justicia y Derechos Humanos?

Dicho sea de paso, en la misma situación está la inoperante y recientemente creada Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D. L. 1353). Ya tiene 157 días sin reglamento, y seguimos contando…

Diethell Columbus