Quieren pescar en río revuelto

Han caído como bálsamo en los caldeados ánimos de la opinión pública la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de solicitar al Congreso la convocatoria —mañana viernes— a una sesión extraordinaria para destituir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por inconducta funcional. También el anuncio del Poder Judicial de autodeclararse en emergencia durante los próximos 90 días. Todos esperamos que ambas iniciativas lleven a serias y profundas reformas en los diferentes instituciones que conforman el sistema de justicia del país.

Y es que desde los más altos niveles del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura e incluso del Tribunal Constitucional, se venía percibiendo el tufillo de la podredumbre causada por el comportamiento irregular de muchos de sus miembros. Gracias a la difusión de audios, producto de una investigación fiscal, se ha logrado demostrar el nivel alcanzado por estos ilícitos, que han generado el rechazo de la población, que exige a gritos una reforma radical del sistema judicial.

Es urgente no solo la destitución de los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sino también su juzgamiento por los ilícitos penales cometidos durante el ejercicio de tan alta función. Un ejercicio que, entre otras responsabilidades, los faculta nombrar jueces y fiscales en todos los niveles de la judicatura. Asimismo, tienen que implantarse nuevas y rigurosas bases para el nombramiento de los futuros miembros de este organismo, evitando que se repitan lamentables experiencias como las que acabamos de vivir.

El Poder Judicial que se ha declarado en emergencia durante 90 días, también tiene que ser reformado, así como el Ministerio Público; no por ellos, sino por una comisión de juristas del más alto nivel y por el Congreso de la República, a través de un debate que trascienda las paredes del Parlamento. Tiene que crearse una nueva Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), como ente autónomo del Poder Judicial y el Ministerio Público, porque “otorongo no come otorongo”. Los resultados de las investigaciones —hasta la fecha— nos demuestran la actual OCMA siempre ha terminado protegiendo a los jueces y fiscales infractores.

Asimismo tiene que implementarse una Academia de la Magistratura, para formar a los futuros jueces y fiscales del país, en la que prime la ética y un profundo conocimiento de las leyes y de la forma cómo se debe administrar justicia en un Estado moderno. Asimismo tienen que desaparecer los magistrados supernumerarios y los jueces y fiscales provisionales, porque es en ellos donde radica la inmoralidad, el abuso de las leyes y el fomento de la injusticia, que genera tanta indignación en el pueblo.

Tanto a los jueces como a los fiscales supremos y superiores se les tiene que poner una valla más alta para ejercer su función, exigiéndoles que exhiban una vida profesional proba y un alto nivel profesional, para evitar que se repitan casos como los de César Hinostroza. Lo mismo tiene que ocurrir en el Tribunal Constitucional, organismo que desde hace un tiempo viene dando fallos controvertidos y que ponen en peligro la seguridad jurídica del país.

Por todas estas experiencias, el país espera que la Comisión Ejecutiva, presidida por Alan Wagner Tizón y el Congreso de la República, que mañana debatirá la suerte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dé pasos certeros para iniciar una verdadera Reforma Judicial. De esta manera contribuirá a fortalecer nuestra débil democracia, en momentos en que los caviares, los poderes ocultos de la corrupción y determinadas fuerzas políticas hegemónica tratan de “pescar en río revuelto” y llevar agua para su molino, sin importarles para nada los altos intereses nacionales, hoy en juego.

No basta que el Poder Judicial declare en emergencia a las 25 cortes superiores que la conforman; su máximo representante, Duberlí Rodríguez, tiene que incluir a la Corte Suprema en esa reestructuración. Lo mismo debe ocurrir con el Ministerio Público, porque de la crisis desatada nadie se salva, y ellos no pueden ser la excepción. Pero no debe escucharse a Diego García Sayán, quien ha sugerido que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que nombre a los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Este inefable señor debe entender que existen peruanos probos y capaces para resolver nuestros propios problemas, sin tener que abdicar de nuestra soberanía.