¿Quién le pone el cascabel al gato?

Corrupción: el mayor problema de la administración PPK

Una de las principales razones de la desaceleración económica es, sin lugar a dudas, la pérdida de confianza de los inversionistas. En este contexto, la corrupción ocupa el primer lugar entre los problemas que enfrenta el gobierno de PPK en su primer año de gestión. Una corrupción que provoca resquemores y desconfianza en los inversionistas, quienes ven con asombro cómo dos ex presidentes de la República se han visto envueltos en procesos judiciales por haber traicionado la confianza del pueblo, y que un tercero se encuentra preso.

En el caso de Alberto Fujimori, hoy preso en la Diroes, purga condena por secuestro agravado, asesinato con alevosía y culpabilidad intelectual en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Si bien no se le imputaron delitos de corrupción, altos dirigentes y funcionarios de su gobierno —también presos—, como Vladimiro Montesinos y el general Hermosa Ríos, entre otros, fueron los que saquearon escandalosamente las arcas del Estado.

Alejandro Toledo Manrique, después de la Marcha de los Cuatro Suyos, surgió políticamente como una luz de esperanza en la lucha contra la inmoralidad y la defensa de la democracia. Sin embargo, minuciosas denuncias periodísticas sobre los casos Ecoteva y Lava Jato han permitido poner al descubierto a este controvertido personaje, que no dudó en utilizar el poder para enriquecerse. Hoy está prófugo en los Estados Unidos, con una orden de captura por lavado de activos, tráfico de influencias y receptación de dinero ilícito.

Por si esto no fuera suficiente, el fiscal provincial Germán Suárez Atoche acaba de solicitar prisión preventiva de 18 meses contra el ex presidente, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes se les imputa los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Y queda pendiente otra acusación contra Humala por delito de lesa humanidad, por las matanzas de Madre Mía.

Si analizamos la corrupción en la pirámide del Estado, veremos que también los últimos fiscales de la Nación —figuras clave en la lucha contra este flagelo— como Blanca Nélida Colán y Miguel Aljovín, purgaron prisión por corrupción. Hay otros fiscales cuestionados —como José Antonio Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia, primo de Nadine— se vieron comprendidos en oscuros procesos judiciales por actos de corrupción, que hasta ahora no han sido debidamente aclarados ni sancionados.

Las corruptelas ocurren también en el Poder Judicial, en los gobiernos regionales, municipalidades, instituciones públicas, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y en la misma Contraloría General de la República, donde no se recuerda un buen contralor desde la época del incorruptible Miguel Angel Cussiánovich.

Para suerte o desgracia del Perú, las denuncias por corrupción han tenido que venir desde el exterior para que recién se destapen los escándalos, y los jueces y fiscales tímidamente empiecen a ajustar las tuercas a estos malos peruanos. Lamentablemente en la corrupción también se encuentran involucradas empresas privadas nacionales y extranjeras que, en complicidad con malas autoridades, se han enriquecido a costa del Estado. Ante esta delicada situación, ¿quién le pone el cascabel al gato?

En medio de ésta tormenta política, se ha llevado a cabo el diálogo entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ambos se han comprometido en buscar coordinadamente, desde el Ejecutivo y el Legislativo, fórmulas para acabar con esta lacra que viene dañando los cimientos de nuestra incipiente democracia y la credibilidad popular.

Ojalá se concreten los anuncios formulados por Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski para acabar con “la pequeña y la gran corrupción”. Solo así se podrá reactivar la economía en beneficio de las mayorías marginadas, que no solo están desempleadas, sino que además son víctimas de una creciente inseguridad ciudadana.

Esperamos que se concreten las propuestas de creación de la Procuraduría General de la República y se reorganice al Consejo Nacional de la Magistratura, como parte de la profunda reforma del sistema de justicia que tanto requiere nuestro país para enfrentar con éxito los desafíos que nos depara el futuro.

Carlos Arnillas Denegri