¿Qué significa ceder la presidencia de la Comisión de Inteligencia?

Esta comisión congresal evalúa y controla las actividades del SIN

La Comisión de Inteligencia es una comisión ordinaria, pero se diferencia de las demás en que no tiene miembros accesitarios: sus miembros son titulares y permanentes. Además, la conformación de todas las comisiones ordinarias se realiza cada año; menos la Comisión de Inteligencia, que se elige para todo el periodo parlamentario (cinco años).

En el Congreso, la mecánica de trabajo de las comisiones depende de su presidente, quien organiza el trabajo de la comisión y plantea los asuntos a tratarse. A las comisiones les corresponde estudiar los diversos asuntos de acuerdo a su especialidad. En ese sentido, la Comisión de Inteligencia es competente para realizar el estudio, evaluación y control de las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional.

Hace un par de años fuimos testigos —y víctimas— de seguimientos y chuponeos ilegales por parte de personal de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia). Recursos del Estado, meses y miles de horas de trabajo fueron desviados para llevar a cabo una actividad ilegal planificada por no sabemos hasta ahora quién o quiénes.

La Comisión de Inteligencia, presidida por miembros del gobierno, “reaccionó” ante el escándalo: había en el Perú un ente del Estado haciendo seguimientos a opositores y a miembros del propio gobierno, incluyendo a la vicepresidenta de la República y a la presidenta del Consejo de Ministros. Un ente gubernamental que rastreaba las propiedades de los actores políticos, de los funcionarios y de los periodistas, entre otros. Una verdadera violación de derechos.

Esta operación ilegal quizás hubiera podido ser detectada si la Comisión de Inteligencia hubiese organizado un trabajo de fiscalización permanente, y no un trabajo reactivo. Ese es el poder de la Comisión de Inteligencia: fiscalizar y controlar oportunamente que los entes del Estado encargados de descubrir actos que podrían amenazar la seguridad de la Nación no desvíen el personal ni otros recursos del Estado hacia asuntos ilegales.

El Sistema de Inteligencia Nacional maneja información clasificada en tres niveles: confidencial, reservado y secreto. Este último está exceptuado de las normas de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública; pero la Comisión de Inteligencia sí puede requerir información clasificada y disponer las investigaciones de oficio.

Una Comisión de Inteligencia presidida por la oposición podría, por ejemplo, solicitar información de las declaraciones juradas de bienes y rentas del personal de la DINI, que no son publicadas por tener el carácter de información clasificada. También podría acceder a la información referida a los recursos presupuestales destinados a “atender contingencias o imprevistos”; o podría —haciendo un seguimiento serio del trabajo de contrainteligencia— contribuir a alertar sobre el trabajo deficiente del Sistema de Inteligencia y evitar así ataques como los sucedidos hace unos días en el Vraem, situación que —siendo advertida por la policía a los militares— no pudo ser evitada. Una Comisión de Inteligencia está facultada para hacer que el Sistema de Inteligencia rinda cuentas.

¿Un gobernante con vena corrupta, autocrática o dictatorial y con intenciones de mantener en secreto ciertas acciones de su gobierno cedería la presidencia de una comisión que cuenta con todas las herramientas para ponerlo en evidencia? Ceder la presidencia de la Comisión de Inteligencia es entregar la llave que abre la puerta que conduce por los sótanos —como los del otrora SIN— donde se llevan a cabo las actividades más secretas del Estado. Es un acto que marca un estilo de gestión gubernamental transparente, no es un simple gesto electoral. Es una decisión política relevante porque es solo la presidencia de la comisión por donde se canaliza la información clasificada que solicita el Parlamento.

Patricia Robinson