¿Que nos deja la Megacomisión?

Análisis crítico de lo actuado por el grupo que preside Sergio Tejada

La llamada “megacomisión” investigadora del segundo gobierno aprista tiene un origen cuestionable por haber sido concebida sin que se haya definido con claridad el presunto delito o la supuesta infracción constitucional que debía investigarse, tal como lo establece el artículo 88 del reglamento del Congreso.

El encargo que recibió fue de “investigar la gestión del gobierno de Alan Gabriel García Pérez, como Presidente de la República…”. Es decir, se le encargó que haga lo que en el virreinato se denominó el “Juicio de Residencia”. Según refiere Alfonso Quiroz en su “Historia de la corrupción en el Perú”, el juicio de residencia se iniciaba nombrado el nuevo Virrey, con la publicación de edictos que convocaban a los ciudadanos a presentar sus denuncias y quejas, las mismas que eran revisadas por un periodo de seis meses, luego del cual se ordenaba las investigaciones de aquellas que eran consideradas procedentes.

En el Perú Republicano se mantuvo aquella institución, siendo responsable de llevarla a cabo, según decía, por ejemplo, la Constitución de 1831, la Corte Suprema. Ramón Castilla objetó presentarse ante el juicio de residencia alegando que éste no había sido reglamentado por la ley, situación en algo similar a lo que alega hoy Alan García.

El Juicio de Residencia es un proceso de rendición de cuentas de una gestión, mientras que una comisión investigadora se forma en tanto existe la presunción de un delito o infracción constitucional. Requieren de procedimientos distintos, en tanto sus objetivos son distintos. Producto de un juicio de residencia se pueden constituir comisiones investigadoras.

El solo hecho de formar una comisión investigadora que evalúa todo el periodo de gestión gubernamental de García Pérez, presupone que los mecanismos de control constitucional no han funcionado. Es decir que el control que debiera hacer el parlamento no ha funcionado por cinco años, ni el que pudiera hacer, por ejemplo, el Fiscal de la Nación de recibir una denuncia.

Pero existiendo la decisión política de llevar adelante este juzgamiento político a la gestión del ex presidente García Pérez, y no existiendo en el Parlamento respeto a nuestra tradición jurídica, la investigación de la comisión presidida por el congresista Sergio Tejada, tiene serias carencias constitucionales, y sus conclusiones llegan a extremos como establecer denuncias a quien ejerció la presidencia de la república sin tener pruebas firmes que la sustenten.

En el caso que se aprobó la semana pasada, el de los narcoindultos, con orfandad jurídica se ha llegado a afirmar que se estableció una sistema judicial paralelo. Cierto es que el número de indultos a procesados por narcotráfico fue excesivo y tampoco tiene sustento en la idea de descongestionar cárceles. Y también es cierto que hay claros indicios de que algunos funcionarios pudieron estar comprometidos en actos de corrupción para favorecer a algunos beneficiados por indultos. Pero no se ha probado que el ex-presidente ni sus ex-ministros estuvieran involucrados en dichos actos.

¿Qué nos deja esta investigación? Además de mostrarnos la pobreza intelectual de nuestro parlamento, la necesidad de regular dos instituciones. Una que existe, como es el indulto presidencial, y otra que deberíamos recuperar, ya que de facto ya lo hemos hecho: el juicio de residencia.

 

Por Juan Carlos Valdivia