Que nadie se lave las manos

Falta liderazgo y responsabilidad política ante la delincuencia

Daniel Urresti tiene el mérito de ser el único ministro del Interior de este gobierno que ha asumido una actitud proactiva en la conducción de ese Sector y que intenta darle una respuesta al creciente accionar de la delincuencia y al pésimo servicio de seguridad ciudadana que brinda el Estado. El problema es que el entusiasmo tampoco alcanza cuando no hay decisión y claridad política al más alto nivel del Estado.

Por eso el activismo positivo de Urresti está condenado a colisionar con una dura realidad: La corrupción que existe en la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que le permite al hampa comprar y obtener impunidad para sus crímenes. El ministro está empeñado en hacer su tarea en la policía, bien, pero ¿quién se encarga de lo demás? He ahí el quid del problema.

¿Acaso los peruanos no sabemos que la impunidad tiene un precio en la Comisaría, y que la “tarifa” se duplica y cuadruplica en las fiscalías y en los juzgados? ¿Se le puede ganar la guerra a la delincuencia sin tocar la corrupción fiscal y judicial, y sin acabar con las universidades del delito que son las cárceles manejadas por el podrido INPE?. Sobre esto debemos reflexionar.

La guerra contra la delincuencia debe ser asumida por todos los sectores políticos unidos en un solo objetivo: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y al ser una guerra multisectorial, tiene que estar dirigida por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (con representantes de la oposición) y liderada por el presidente de la república en su condición de Jefe del Estado, no del Ejecutivo.

De lo que se trata, en última instancia, es de reconstruir las instituciones del Estado que facilitan el accionar de la delincuencia, que son sus principales cómplices por su ineficiencia e incapacidad para cumplir su deber o simplemente por corrupción. Es entonces un cambio político lo que se necesita, no un conjunto de medidas policiales y penales. La seguridad de los ciudadanos está hoy en manos de los dirigentes políticos.

Lamentablemente, el presidente Ollanta Humala - que prometió mano firme contra la inseguridad - ha decidido delegar su liderazgo al ministro Urresti y tiene desactivado el Consejo, dando así la impresión de que, o no entiende a cabalidad el problema, o ha sido persuadido por los ex ministros Pedraza y Albán de que la inseguridad en las calles es solo una “percepción” que Urresti borraría haciendo batidas todos los días.

El problema, en conclusión, requiere del concurso de todos los líderes del país. Que nadie eluda su responsabilidad, incluyendo a la oposición. Porque tampoco se le puede culpar al actual gobierno de la descomposición de un Estado que ha heredado de los anteriores gobiernos: belaundista, aprista, fujimorista, toledista, etc., que hicieron poco o nada para reformar y modernizar la policía y el sistema de justicia. Que nadie se lave las manos.

Por Víctor Robles Sosa