¿Qué hacer con la inseguridad ciudadana?

“Después de la corrupción, la inseguridad ciudadana es el problema más importante que debe resolver este Gobierno”, anunció con energía el actual ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, al asumir su cargo. Sin embargo, ha pasado 45 días en funciones y aún no se ve nada. El aumento de la delincuencia es una realidad y la población observa impotente que sus autoridades no muestran capacidad para brindarle seguridad.

La campaña Barrio Seguro, que era el caballito de batalla del Gobierno, se ha ido diluyendo progresivamente, sin que hasta la fecha muestre mayores resultados. Los dos anteriores titulares del Interior —del actual régimen— anunciaron la formación de 800 agentes especializados en inteligencia y criminología. Sin embargo, dicho proyecto ha quedado en el tintero. Es decir, las iniciativas que se planifican para mejorar la capacidad operativa y profesional de los agentes policiales se quedaron en el camino, a pesar de que el Gobierno es el mismo.

Durante la gestión de Carlos Basombrío se desarrollaron 105 megaoperativos que permitieron la captura de 724 delincuentes y el repliegue de muchos otros, que hoy han vuelto a las calles con renovados bríos. No se aplica el programa de recompensas y las operaciones encubiertas en las calles, al parecer, no vienen dando efectos porque la inseguridad ciudadana es cada vez mayor.

Las bandas que operan en Lima Metropolitana y el Callao se están desplazando hacia las ciudades del norte chico, y los delincuentes de Chimbote y Trujillo se vienen trasladado a Tumbes y Piura donde, al parecer, la vigilancia policial es menor. Esta percepción se basa en que los residentes de Máncora y Punta Sal —balnearios turísticos habitualmente tranquilos— se sienten alarmados por la ejecución de una serie de robos en domicilios particulares y asaltos a mano armada a plena luz del día. El mismo fenómeno se advierte en Piura, Sullana y Tumbes.

Frente a esta realidad, urge que la Comisión de Seguridad Interna del Congreso convoque al ministro del Interior, así como al director general de la Policía Nacional, para que expliquen al país las acciones que vienen implementando para combatir la delincuencia común y el crimen organizado. Estos problemas, en la última semana, han alcanzado caracteres alarmantes en el norte chico, hacia donde se acaba de enviar —desde Lima— 60 efectivos de la Dinoes.

Paralelamente, el Consejo Nacional de la Magistratura debe renovar sus métodos de selección de jueces y fiscales, incluyendo la capacitación, para que cumplan con eficiencia su cometido. Antes de nombrarlos magistrados, deben recibir una buena formación que incluya materias sobre diversos delitos económicos, como la corrupción, lavado de activos y narcotráfico. estas y otras modalidades delictivas las están imponiendo bandas organizadas, así como delincuentes de cuello y corbata enquistados en cargos estratégicos del Estado.

La magistratura debe ser una “carrera profesional” que contemple especialidades, para que los magistrados puedan desarrollarse en campos específicos del complejo sistema judicial, con sus consiguientes líneas de carrera. Así mismo, debe acabar definitivamente la figura de jueces y fiscales provisionales que, por su condición temporal, fomentan —voluntaria o involuntariamente— la corrupción en la administración de justicia.

Mientras no existan policías, fiscales y jueces con especialidades y líneas de carrera diferenciadas, no cambiará la realidad de la justicia en el Perú, no mejorará la seguridad ciudadana, y la desconfianza de los peruanos en sus autoridades será mayor. También a los alcaldes, como primeras autoridades de la ciudad, hay que exigirles que velen por la seguridad ciudadana en sus jurisdicciones, incorporando sus cuerpos de serenazgo a esta gran cruzada de limpieza social liderada por la Policía Nacional.

Por su parte, el Gobierno central y el Congreso deben coordinar el diseño de un conjunto de leyes que sirvan como eficaces herramientas legales para que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional cumplan eficientemente con su misión, asegurando una correcta asignación presupuestal para el cabal cumplimiento de sus funciones.