Que Dios nos ayude

Para reflexionar sobre la clase política que tenemos y nuestro sistema electoral

Una muestra de lo errada que es la decisión del Congreso de impedir la reelección de autoridades a nivel regional y local, es que uno de los primeros en salir a respaldarla ha sido el Contralor General de la República, quien es el responsable de que la corrupción campee en municipios y gobiernos regionales sin que el Estado tome medidas al respecto.

Imaginemos solo el caso de Chiclayo, municipio en donde por ocho años se han venido entregando licitaciones a dedo, con empresas creadas para cada ocasión. ¿La Contraloría se dio cuenta de ello? No, como tampoco se dio cuenta en cada gobierno regional hacia donde salió corriendo una vez la prensa denunciada un acto de corrupción o cuando la policía tomaba presas a las autoridades.

Impedir la reelección de autoridades no resuelve el problema de la corrupción. La preocupación del Congreso debiera ser que los organismos a los que la Constitución les encarga el control cumplan con su papel. Y si no lo hacen, sancionar a los funcionarios encargados de dichas instituciones. En el caso de la Contraloría hay que recordar que esta gestión tiene 1200 empleados más que la anterior, un presupuesto considerablemente mayor, y su jefe, el Contralor, es el funcionario mejor remunerado del aparato estatal. ¿El Congreso no debería exigirle cuentas?

Hemos repetido que el sistema republicano busca poner controles al poder. El presidente tiene un primer control en los ministros, y un segundo en el Parlamento. El Contralor que es nombrado por el Congreso a sugerencia del Presidente, debe controlar el aparato estatal. El Congreso tiene que controlar la acción política del Ejecutivo. Si alguien no cumple con su función entonces se generan desbalances. Y eso es lo que ha pasado con la extendida corrupción a nivel regional y municipal. La Contraloría no ha cumplido con su misión. Y el Congreso no está cumpliendo con la suya de controlar al Contralor.

Adicionalmente, está claro que existen problemas en el diseño del proceso de descentralización. Se ha desconcentrado el poder, pero no se han desconcentrado los contrapesos a ese poder. No hay un Parlamento que controle a ese Ejecutivo. Entonces sin contrapeso político, y con una contraloría que brilla por su ausencia, los resultados son previsibles: autoritarismo y corrupción. ¿Qué ha hecho el Congreso para resolver este problema? Nada. Ni el oficialismo, ni la oposición.

Lo que es preocupante, en la medida que le corresponde revisar el sistema electoral, es el nivel de nuestro Congreso. El debate -quisiéramos decir constitucional pero sería un exceso- para la aprobación de la reforma electoral nos mostró un Parlamento que no había estudiado mínimamente lo que estaba discutiendo. Reformaban artículos sin darse cuenta de que estas decisiones implicaban la reforma de otros tantos artículos de la Constitución. Carentes de argumentos, sin formación, respondiendo con urgencia a algo que ellos consideraban necesario. Por el bien del país, alguien debiera publicar ese debate, para impedir que estos congresistas vuelvan a pretender hacer reformas constitucionales.

Estamos ante un verdadero problema. Un sistema electoral equivocado, solo producirá una clase política como la que tenemos. Sin embargo, ellos son los que deben producir los cambios. Que Dios nos ayude.

Por Juan Carlos Valdivia

27 - oct - 2014