Prevención S.O.S

Municipalidades aprobaron edificaciones en zonas de riesgo

 

La tragedia de los desastres naturales nos plantea un escenario de reforma a todo nivel. En primer lugar, preocupa lo poco que en el Perú se ha avanzado en prevención, desde la construcción de las obras públicas y la poca organización civil como respuesta frente a los desastres hasta la “conveniente” falta de fiscalización por parte de las autoridades ediles en los procesos de habilitación urbana en zonas de riesgo.

 

Tras el terremoto de 7.9 grados que azotó a Pisco, se tomaron una serie de medidas a nivel político que en su mayoría quedaron inejecutables, por carencia de recursos o —en su mayoría— por gestiones corruptas. Sin embargo, en el 2011 el Ministerio de Ambiente, bajo la gestión del desaparecido Brack Egg, elaboró el Mapa de Vulnerabilidad Física, que puso en evidencia nueve regiones altamente vulnerables a desastres: Tumbes, Piura, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, Ancash, San Martín y Huánuco, lo cual equivale al 46% del territorio nacional. ¿Qué se hizo con esta información?

 

El mencionado documento cartográfico tenía la finalidad de no solo de que los gobiernos regionales tomaran conciencia de las zonas que posiblemente podrían resultar afectadas, sino también para que sea tomado en cuenta para la construcción de las obras públicas y habilitaciones urbanas. Este documento contaba además con información de centros poblados, en su mayoría hoy damnificados por los recientes acontecimientos. ¿Alguna vez el gobierno central se encargó de ejecutarlo a través de los gobiernos regionales, locales o distritales?.

 

Entre los casos más alarmantes que aún se encuentran en proceso de habilitación está la quebrada de Carosio (en Chosica), que tiene a más de 120 familias habitando casas y edificios; en similar situación están los asentamientos humanos El Pedregal, San Antonio, Tres de Octubre, Huayaringa y María Parado de Bellido, así como la comunidad campesina de Jicamarca y las quebradas Piérola y Santo Domingo. Los certificados de construcción son manejados a voluntad política por el alcalde y funcionarios, quienes valiéndose de artimañas legales logran la emisión de los certificados.

 

¿Cómo es que las municipalidades distritales y provinciales aprobaron los proyectos de habilitación urbana y edificación en zonas de riesgo? La mayoría de ellos fueron obtenidas mediante el proceso de licenciamiento automático. Conforme a la Ley No 29090 —Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones— la vigencia de las licencias pueden ser interrumpidas por las municipalidades en caso de contar con opinión favorable de Indeci ante el riesgo inminente contra la seguridad e integridad de las personas o edificaciones. Es decir, no contempla ningún mecanismo a priori de verificación de riesgo previo al otorgamiento, en caso de que estos proyectos no estén registrados como zonas de alto riesgo.

 

Ahora las consecuencias son mayores. ¿Cómo harán para reubicar a los damnificados? ¿Dónde los reubicarán? ¿Cómo hacerles entender a los damnificados que su título de propiedad no tiene validez frente al alto peligro? ¿Cuántas personas se verán perjudicadas económicamente por la reubicación? ¿El Estado Peruano está en condiciones de asumir los costos de la reubicación?

 

El problema es complejo, pues la informalidad en los procesos de titulación y habilitación de tierras es consecuencia de un mal manejo de los procesos de inmigración provinciana de los años ochenta. Las invasiones en zonas eriazas y rurales tuvieron la respuesta estatal de darles luz agua y desagüe, antes de impedir su asentamiento. Hoy vemos los resultados del canje de vidas humanas por un puñado de votos. Esperemos al final aprender de esta dura lección y, sobre todo, que los responsables paguen penalmente su responsabilidad por exponer al peligro vidas humanas.

 

Elizabeth Zea Marquina