¡Por la justicia que merecemos!

El remoto origen del Estado se encuentra en la necesidad humana de contar con una autoridad capaz de zanjar conflictos e impartir justicia entre los miembros de un grupo social, garantizando el cumplimiento de sus decisiones. Es oportuno recordarlo para abordar la grave crisis que enfrentamos y la perentoria urgencia de resolverla a fondo, teniendo presente que el principal valor comunitario que hemos perdido es la confianza en la autoridad, en la justicia y en la ley. Nada menos. Sin confianza no hay credibilidad ni posibilidad alguna de curar la enfermedad.

Las desventuras políticas del Congreso han convertido en dogma la creencia de que los otorongos no se comen entre sí. ¿Quién creería entonces que los representantes o miembros de los poderes públicos podrían ofrecer e implementar soluciones adecuadas para superar una situación tan crítica?

¿No es obvio para todos que la principal fuente del salvajismo urbano que sufrimos en nuestra vida diaria —el tráfico o la seguridad ciudadana— proviene de la generalizada certeza de que la “autoridad” no es más que un concepto lírico en el Perú? ¿No sería peligroso, por tanto, que la solución que se adopte sea cuestionada antes de que fracase, una vez más?

Frente a este estado de cosas es razonable sugerir la conveniencia de acudir al asesoramiento experto de quienes no sean jueces ni partes. La cooperación internacional existe y deberíamos estudiar las mejores formas y alternativas de acudir a ella. ¿Quién no admira y respeta, por ejemplo, los sistemas de justicia de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza o Canadá? En países como esos encontraríamos especialistas de primer orden para diseñar soluciones adecuadas a nuestra envilecida realidad.

Es hora de ser conscientes y responsables frente al impacto socialmente devastador de haber sorprendido a magistrados y dignatarios de alto nivel negociando “favores” en un lenguaje de pandilleros. Peor aún, porque la situación a la vista ha puesto en evidencia que las privilegiadas posiciones que esas personas alcanzaron son fruto de los “sistemas” consagrados en la selva de leyes y reglamentos absurdos que producimos con incontenible exuberancia.

Ya es tiempo, pues, de acudir al concurso de expertos imparciales y reputados en el ámbito internacional para que nos ayuden a construir un sistema de justicia confiable y a elaborar una propuesta digna de esperanza en algo tan crucial para la vida en sociedad y el progreso como nación. Un proyecto que se debería explorar con gobiernos amigos, y que podría ser financiado tanto por sus agencias nacionales de cooperación como por los organismos especializados de las Naciones Unidas o el sistema interamericano.