Política y productividad

Sobre las próximas elecciones presidenciales y el futuro de nuestro desarrollo.

Después de lo ocurrido con la campaña electoral del 2011, en la que erróneamente se colocó en la agenda política el proyecto minero Conga, es de esperar que quienes aspiran al sillón presidencial para el período 2016-2021 concuerden en que no se debe anteponer los intereses particulares por ganar una elección a fortalecer e incrementar los niveles de productividad del país.

En el 2011, el por entonces candidato y actual presidente de la república, Ollanta Humala, optó por el agua en desmedro de la extracción del oro.  Una vez en el cargo, varió su discurso para proponer “El agua y el oro”. Evidentemente, ambos son importantes, pero la posibilidad de garantizar la disponibilidad del primero requiere de financiamiento. En ese sentido, ¿si la actividad minera es una de las principales aportantes a la economía nacional, resulta saludable pretender excluirla? Definitivamente, no.

El agua es un producto mineral, no necesariamente potable (es decir, para el consumo humano), las aguas de que dispone el país deben ser tratadas -en la mayoría de los casos-, tal como sucede en los países desarrollados. ¿Cómo es que se logra hacerlo?, construyendo infraestructura hídrica, represas, canales, plantas de tratamiento, como la que administra Sedapal en Lima, conocida como la Atarjea y otras obras como Marcapomacocha, Huascacocha, Santa Eulalia y Yuracmayo. Todos ellos, depósitos de agua que se construyeron en la Cordillera de los Andes, etc.

Si no fuese por los ingentes recursos que genera la actividad minera, difícilmente el Estado podría disponer de los montos de inversión que se requieren para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, afectándose tanto el consumo humano directo, como el agrícola –impactando negativamente en la producción de alimentos-, el industrial, el sector servicios y así sucesivamente.

Hay un sector del espectro político que justifica la caída en el ritmo de crecimiento de la economía nacional al manifestar que todos los países han registrado menor crecimiento y que incluso algunos han retrocedido. Esa afirmación puede ser cierta si se ve como conjunto a América Latina, pero también es cierto de que el Perú creció más que los otros países en el quinquenio 2006-2011, a pesar de la crisis financiera internacional del 2008.

¿Qué pasó? Hubo una decisión política de promover las inversiones y, por consiguiente, el ritmo de crecimiento se aceleró y en simultáneo los índices de pobreza y pobreza extrema disminuyeron.  Aquí no se trata de resaltar la anterior administración gubernamental, sino de tomar conciencia de que es posible diferenciarse  y destacar por encima de los demás países siempre que se hagan las cosas de manera adecuada y con convicción.

¿Qué convicción se requiere para no volver a errar?, que el discurso político no vuelva a interferir negativamente con el curso económico del país.  Pensar en el eventual ejercicio del poder antes que en los votos de hoy les otorgará a los candidatos del 2016 el nivel de estadistas que la ciudadanía demanda. La autoridad política está para asumir decisiones, quizás algunas resulten impopulares, pero no ejecutarlas determinó que la mayoría de peruanos terminemos impactados por la caída en el volumen de inversiones y, subsecuentemente, de la desaceleración de la economía nacional.

Luego de la experiencia del 2011, para el 2016 debemos tener claro de que el discurso más radical -tarde o temprano-, se convertirá en una camisa de fuerza que atenta contra de la gobernabilidad y, por ende, en contra de la necesaria institucionalidad. Ello nos impide avanzar, tal como ocurrió en Conga y hoy podría estar ocurriendo con Tía María. Se cumplen las normas, pero no se acatan.

Por: Guillermo Vidalón del Pino

20 - May - 2015