Policía Nacional: compras y cambios necesarios

Lo más urgente es una “descontaminación” total

Cada vez que el Ministerio del Interior compra algo para equipar a la Policía, los cuestionamientos a esa compra acaban ganando las primeras planas de los diarios. A esos titulares les siguen después las acciones penales que frenan los procesos, a menudo con razón, y postergan la modernización del equipamiento policial.

Cuando un proceso de compra se detiene por estos motivos es porque está mal diseñado o porque los responsables de las decisiones estuvieron irreversiblemente contaminados. Las evidencias apuntan a que en la mayoría de los casos coexisten ambas causas, por lo que urge reformar el mecanismo para las compras de equipamiento policial. No sería mala idea estudiar las metodologías de otros países (Colombia, por ejemplo) bastante más exitosas para comprar rápidamente y a precio razonable equipamiento de calidad. Y además con satisfacción mayoritaria real de los usuarios (policías) y beneficio para la seguridad de los ciudadanos.

La compra de Estado a Estado ayuda, pero solo cuando son Estados que no toleran la corrupción. Y aún en esos casos el direccionamiento deliberado a través de las características o puntajes es un mal congénito en algunos países. Por eso se hace necesario diseñar un nuevo proceso y realizar una extirpación inmediata de más que algunos mandos medios y bajos quienes, con perfil bajo y billeteras gordas, sobreviven a través de sucesivas administraciones.

Pero el equipamiento es solo una parte (a menudo sobrevalorada) del problema. Lo que se compra (autos, armas, radios, laboratorios, etc.) son solo cosas; y las cosas, por buenas que sean, solo cumplirán su función si el personal a cargo las usa con honestidad, diligencia y conocimiento. estas compras además deben estar acompañadas del adecuado mantenimiento y formar parte de un plan estratégico, con una dirección informada y realista. De lo contrario toda ejecución presupuestal corre el riesgo de acabar siendo solo otro “cacareo” improductivo, con desperdicio del dinero de nuestros impuestos y del ya bastante vapuleado prestigio institucional.

El proceso más urgente en el sector es una descontaminación quirúrgica de arriba hacia abajo. Todo policía debería firmar una autorización expresa y someterse a una evaluación con polígrafo, efectuada por entidades independientes; empezando por los generales y siguiendo hacia abajo. Todos ellos y sus cónyuges deberían permitir que un ente específico revise aleatoriamente sus propiedades, cuentas bancarias, vehículos, empresas y movimiento migratorio.

No basta el cambio de colocación. La sanción al servidor público uniformado sentenciado por corrupto debiera incluir el embargo de sus pensiones, la pérdida de todo beneficio correspondiente a su grado y la degradación pública televisada, así como el impedimento de por vida de trabajar para el Estado a cualquier nivel. Solo sancionando drásticamente es posible prevenir los delitos de función.

En paralelo con este régimen necesariamente estricto, es necesario generar incentivos para los buenos policías, dado que no es fácil una elevación sustancial de sueldo. Podría evaluarse acompañar los aumentos con la posibilidad de un retiro temprano, en condiciones más atractivas que las que tienen otros funcionarios, y tarifas reducidas para algunos servicios que aún brinda el Estado.

No conozco casos exitoso de detección de problemas o de reformas que no hayan requerido una mirada de fuera. Por eso resulta indispensable una misión compuesta por expertos con comprobada experiencia en la gestión del cambio institucional en la policía. Pero este cambio, para ser internalizado y aceptado, debe estar acompañado de un esfuerzo consciente y del liderazgo en la propia policía. Toca buscar quién o quiénes pueden encarnar este liderazgo.

Dardo López-Dolz