Poderes ocultos: el misterioso caso de los corredores viales

Se han vulnerado contratos firmados y con inversión ejecutada

En setiembre del 2015 diversas alarmas se encendieron a raíz de la nueva regulación sobre Asociaciones Público-Privadas (APP). El sector privado no se demoró en opinar y manifestó que la nueva normativa le restaba atractivo a este mecanismo de inversión. Se aplicaron cambios cuestionables a un aparato legal que venía funcionando considerablemente bien. Entre estos destacó el nuevo rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ahora tiene una capacidad de “opinión vinculante” en la interpretación de la normativa de proyectos inversión.

Si bien es totalmente pertinente que el MEF mantenga una opinión vinculante sobre la capacidad fiscal para proyectos, existe el riesgo de que sus nuevos poderes entorpezcan el desarrollo de las concesiones. Una muestra de los riesgos que este excesivo “empoderamiento” del MEF trae consigo se acaba de dar en los últimos días, con la declaración de nulidad de tres contratos con operadores concesionarios del sistema de corredores viales de Lima.

¿Qué ocurrió? El MEF, bajo el amparo de las modificaciones a la Ley de APP decretadas en marzo del 2014, emitió opiniones vinculantes sobre los contratos firmados con los concesionarios que obtuvieron la buena pro para gestionar los corredores viales de Lima. Estas opiniones fueron plasmadas en 20 adendas, las cuales proponen cambiar el esquema financiero del Sistema de Corredores Complementarios (SCC) dado que, según el MEF, los contratos eran insostenibles económicamente y onerosos para el Estado. El problema con esto es que (i) se estaría aplicando la Ley de APP de manera retroactiva y (ii) se está violando la normativa que impide imponer adendas en los tres primeros años de operación de una concesión.

Además, al profundizar en el caso de los corredores viales, se puede apreciar que algunos de los cambios propuestos en las adendas vulnerarían la viabilidad financiera del SCC. Y esto es más extraño aún. ¿Por qué se le retiran los ingresos por publicidad al SCC para dárselos como “cheque en blanco” a la MML? ¿Por qué se prorroga por 24 meses la implementación del sistema de cobro electrónico de los pasajes, el cual incrementaría la eficiencia del servicio y, por lo tanto, lo haría más rentable y sostenible? ¿Por qué Protransportes ya no tiene la obligación de limpiar las rutas de la oferta de operadores ilegales (combis piratas y colectivos)? Si bien el MEF no anuló directamente los contratos, su declaración de “anulabilidad” tuvo un papel clave en la decisión de la MML.

Es posible que para muchas personas, sobre todo para aquellas no usan los corredores viales, el problema parezca algo lejano e intangible, una molestia que incrementaría en algo el tráfico, pero nada más. No obstante, esta posición es un grave error, debido a que el impacto de estos hechos puede tener trascendencia nacional. El caso de los corredores de Lima puede ser el inicio de una ola de revisión de contratos, que puede terminar en la anulación de estos. Y si no lo es, entonces, resultaría más extraño aún el particular proceder del MEF. De hecho, sorprende que inicialmente una de las cláusulas solicitara a los operadores cambiar el color de los buses. No entendemos cómo esto podría ser preocupación del MEF o hacer más sostenible el sistema. La Municipalidad de Lima agradece que el MEF esté poniendo el pecho y recibiendo todas las balas. Muchas Gracias Enzo Defilippi (Castañeda dixit).

Lo que el MEF y la MML han hecho es enviar un mensaje nocivo a los inversionistas, pues al vulnerar el contrato firmado y con inversión ejecutada (millones de dólares, según los operadores) el riesgo para cualquier interesado en invertir en este tipo de proyectos se incrementa considerablemente. Esto podría generar un impacto negativo en los proyectos por adjudicar, los cuales comprenden una inversión estimada entre 2,750 y 3,000 millones de dólares. Además, se abriría virtualmente la posibilidad de que el MEF “observe” 93 contratos de concesiones ya firmados, por un valor de 27,500 millones de dólares. Una situación peligrosa para sectores que dependen de inversiones de esta naturaleza, y para un país que requiere de estabilidad jurídica para reactivar la economía.

Juan José García