Pichanaki: a un pasito de la OCDE

Sobre la violencia extremista y el monopolio del Estado en el uso de la fuerza 

Bagua y Pichanaki son dos casos en los que se muestra la incapacidad del Estado para manejar los conflictos sociales. En ambos casos los Ministros del Interior del momento creyeron que la mejor forma de controlar a una turba de manifestantes azuzados por líderes radicales sería enviando a la policía . . .  desarmada. 

La lógica detrás de tamaña decisión escapa a un análisis racional. El saldo de Bagua fueron 25 policías muertos, 9 de ellos torturados y uno, el Mayor Bazán, aún desaparecido. Murieron además 4 nativos y 5 civiles y hubo decenas de heridos. Uno pensaría que, tal vez, el Baguazo serviría para que las autoridades entiendan que los conflictos sociales no pueden manejarse de esa manera. Y sin embargo, esto es el Perú. 

Aunque nuestros empresarios nos digan que estamos a un pasito de la OCDE y del desarrollo, lo cierto es que el Perú no cumple con las condiciones que los desarrollistas identifican como necesarias. Una de ellas es que el Estado controle el monopolio de la fuerza. Esto es que solo el Estado, a través de la ley, puede ejercer la fuerza (orden, persecución, sanción), sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, paramilitar, sicario, milicia, rebeldes) pueda hacerlo. 

Si el estado tiene la obligación de controlar el monopolio de la fuerza, como es que el exministro Urresti decide enviar a la policía equipada “solamente con varas, escudos y gases lacrimógenos. La policía no utilizó ni balines ni munición de gomita”. ¿Es que se puede controlar la violencia cediendo el uso de la fuerza? Mientras tanto, el gobierno decide, a instancias de la presidenta del partido nacionalista, Nadine Heredia, el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para su reestructuración. Y uno se pregunta ¿quiénes están en el poder tendrán una mínima idea de lo que están haciendo? 

Bagua y Pichanaki tienen además en común, como gran parte del territorio nacional, la falta de presencia del Estado, pobreza y falta de información. Cuando los ciudadanos están descontentos con las decisiones del gobierno y con las autoridades locales que los representan, y no tienen acceso a mecanismos democráticos, sea para exigir que se respeten sus derechos, para denunciar a una autoridad ineficiente o corrupta, para exigir mejoras en los servicios o para influir en la agenda pública, pierden la confianza en el Estado. Entonces, para lograr sus objetivos toman carreteras, plazas y recurren a la violencia. De ello se aprovechan líderes radicales con agenda propia. 

Las políticas públicas, incluso aquellas referidas a las concesiones mineras y de hidrocarburos, no deben ser impuestas sin que los ciudadanos las conozcan y entiendan sus beneficios. Tanto la empresa privada como el Estado tienen la obligación de escuchar a los ciudadanos y absolver sus dudas. Involucrarlos puede ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las políticas públicas, promover la confianza de los ciudadanos en el Estado, forjar un consenso en torno a reformas importantes, y construir el apoyo necesario para sostenerlas. Si los ciudadanos son incluidos en los beneficios de las grandes inversiones y ven que su calidad de vida mejora, ya sea porque tienen mayor y mejor acceso a servicios y oportunidades de desarrollo económico, los líderes radicales no tendrán espacio. En el caso de Pichanaki, la mayoría rechaza la propuesta del etnocacerista Chavarria. Y sin embargo, el Estado fue incapaz de controlarlo. 

Por Ana Luisa Guerrero 

19 - Feb - 2015