PESCANDO EN RÍO REVUELTO

Remanentes senderistas infiltrados en protestas del Cono Norte

Pobladores de los distritos y balnearios del Cono Norte de Lima han organizado una marcha de protesta para este jueves 12 —según indican, de más de 100,000 manifestantes— contra la abusiva imposición del cobro de peaje en el distrito de Puente Piedra. Un cobro debido a un leonino contrato suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima —durante la gestión de Susana Villarán— y la concesionaria “Rutas de Lima”, conformada por las firmas Odebrecht Latinvest y Sigma.

La indignación popular de los manifestantes, a todas luces legítima, se debe a la implementación de una caseta de peaje en pleno corazón de Puente Piedra, que no solo afectará a la precaria economía de los habitantes de dicho distrito, sino también a los pobladores de Ancón, Santa Rosa, Carabayllo y Ventanilla. Todos ellos diariamente se ven obligados a transitar por dicha vía, por ser la única para desarrollar sus actividades cotidianas, con el consiguiente encarecimiento del costo del transporte que los taxistas, microbuseros y colectiveros endosarán finalmente al sufrido usuario.

Las protestas y las marchas, mientras sean pacíficas, están garantizadas —por la Constitución del Estado— en un régimen democrático. Pero el descontento social permite también la aparición de las fuerzas oscuras del radicalismo, que en forma soterrada y siniestra fomentan el caos y la violencia, para pescar en río revuelto y, con ello, desestabilizar a un régimen político muy lejano para sus intereses.

Eso ocurrió el jueves pasado en Puente Piedra, donde hubo varios heridos, paralización del transporte, quema de casetas y cruentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden, los pobladores de la zona y los remanentes de Sendero Luminoso. Entre estos últimos están la Coordinadora Juvenil Popular, que forma parte del MOVADEF, así como el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP) y otras organizaciones senderistas de fachada.

Varios de ellos fueron capturados y son actualmente interrogados por la DIRCOTE. Sin embargo el propio ministro Basombrío no descarta que el mismo fenómeno pueda repetirse, razón por la que se ha comprometido a extremar precauciones, al igual que el resto de autoridades competentes, para asegurar que una marcha pacífica no se transforme en un desborde social de imprevisibles consecuencias. Ojalá esto sea cierto y después de la jornada de protesta no tengamos nada que lamentar.

La ex alcaldesa Susana Villarán se encuentra muy cómoda en los Estados Unidos, culpando como siempre a Luis Castañeda Lossio del incendio que ella y sus acólitos generaron. Lo misma actitud tiene las actuales congresistas Marisa Glave e Indira Huilca, quienes también fueron regidoras en el anterior gobierno municipal. Ellas, al igual que otros políticos de izquierda, permanecen callados, tratando de disimular sus culpas. Lamentablemente este tipo de problemas no tienen solución política, porque se trata de contratos —dicho sea de paso, muy bien elaborados— que deben ser honrados.

Ante la magnitud de este problema, hemos visto con beneplácito el inicio del diálogo entre las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gobierno Central y la empresa Rutas de Lima. Mediante este diálogo se podrá llegar a acuerdos que eviten que las legítimas reclamaciones de los casi dos millones de habitantes de los distritos afectados en esta problemática se conviertan en una hoguera donde los únicos ganadores sean, como hasta ahora, los enemigos de la democracia. Esos enemigos que subyacen y se reagrupan en los cinturones de miseria que circundan Lima, así como otras zonas del Perú; como el Corredor Minero del Sur, que hoy es una bomba de tiempo.

¡Que la marcha de este jueves 12 sea pacífica y que las autoridades competentes encuentren una solución a tan delicado problema social!