Perversión de la excepción

Prisión preventiva para Ollanta humala y Nadine Heredia

Al cierre de esta columna aún se desconoce si el juez Richard Concepción Carhuancho ha determinado que Ollanta Humala y Nadine Heredia pasen la noche ya detenidos, sean privados de su libertad en las siguientes horas o, por el contrario, continúen sus procesos por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en libertad y bajo un esquema de restricciones.

Quienes han seguido y siguen mis opiniones en torno a la ex pareja presidencial en los diversos medios de comunicación en los que he trabajado —ya sea como conductor, invitado o columnista— saben que he sido un crítico abierto, frontal y directo, tanto a las conductas políticas personales del ex presidente y de la ex primera dama como a los resultados de un —por lo menos— nefasto quinquenio gubernamental.

En lo que toca a las acusaciones que pesan sobre los máximos líderes nacionalistas, me sumo a quienes piensan que la gestión humalista ha estado plagada de irregularidades, cuando no de corruptelas, en varios proyectos de inversión pública y privada; y que en cuanto al origen del financiamiento de las dos campañas electorales en las que han participado, la presencia de fuentes ilícitas (desde el chavismo asesino, pasando por los intereses truchos y mercas de varias firmas brasileñas, hasta las cuotas de mineras ilegales y cocaleros cercanos al narcotráfico) está cuasi demostrada hace mucho tiempo.

¿Cuál es el nivel y tipo de responsabilidad personal y penal que les corresponde a los nombrados? Pues no soy juez ni fiscal para arrogarme la capacidad de dar respuesta a esta interrogante. Sin embargo, ante la iniciativa del fiscal Germán Suárez Atoche de solicitar al juez Concepción Carhuancho la detención preventiva de la pareja, mi opinión es que se trata de un abuso.

No entraré en detalles jurídicos que no son de mi conocimiento y menos especialidad. Pero vale la pena fundamentar mi posición en dos elementos. Primero, los criterios de penalistas y juristas destacados, que estiman que el pedido del Ministerio Público es cuando menos débil, si no mal argumentado. Dicho sea de paso, una constante que vienen exhibiendo varios fiscales en diversos procesos; incluyendo el reciente rechazo judicial a la detención de varios policías capturados por la propia PNP en un megaoperativo contra bandas criminales en el Callao. Entre ellos cuento a César Nakasaki y Luis Lamas Puccio.

Pero el segundo, y acaso más importante, es el hecho que de la detención preventiva o preliminar es una medida por definición excepcional; aplicable en razón de probados y fundados motivos como la posibilidad (o intento) de fuga del procesado o imputado. Algo no evidenciado en el caso Humala/Heredia, salvo indicios sujetos a interpretación. O en caso de una conducta que a todas luces busque entorpecer o dilatar las investigaciones.

Ambas personas y su familia permanecen en el Perú. A raíz, incluso, de que hace unos meses la señora Heredia consiguió un empleo en el extranjero, el propio juez Concepción determinó que la ex primera dama tuviera que renunciar para poder cumplir con sus obligaciones procesales.

Pero en general (yendo más allá del caso Ollanta/Nadine) la observación es que la detención preventiva se está convirtiendo hace rato en un arma peligrosísima de administración de justicia más que sumaria. Un arma usada básicamente por algunos jueces y fiscales para satisfacer presiones políticas, mediáticas o sociales, y no como una herramienta legítima para evitar la impunidad.

Mucho cuidado con ello señores jueces y fiscales. Una de las cosas que la experiencia del fujimorato demostró es que lo que mal empieza mal acaba. ¿Recuerdan el caso de los jueces sin rostro?. Cuidado con que nos vuelvan a enmendar la plana.

¿Persecusión drástica y oportuna a la corrupción?. Bienvenida sea. Pero cuidado con violentar el debido proceso y el estado de derecho. No convirtamos una excepción (como la prisión preventiva) en una perversión.

Mario Saldaña C.

@msaldanac