Perú, donde todo se compra y todo se vende

La corrupción limita la inversión privada y el crecimiento del país

La corrupción limita el desarrollo de los países, exacerba y provoca conflictos sociales, y es uno de los mayores obstáculos para acabar con la pobreza y cumplir con la nueva agenda de desarrollo sostenible. La corrupción restringe la eficiencia, la eficacia y la probidad del sector público, y erosiona la legitimidad de la democracia, debilitando la gobernabilidad.  La lucha contra la corrupción es considerada un pilar dentro de la reforma del Estado. En el Perú, la corrupción es endémica. Está en todos los sectores y en todos los niveles.

El Perú está en el puesto 88 sobre 167 países en el ránking de corrupción de Transparencia Internacional (2015). De acuerdo con el índice agregado de corrupción del Banco Mundial, el gobierno de Ollanta Humala ha sido el más corrupto de los últimos veinte años. Ello ha tenido un efecto en el crecimiento económico y, como consecuencia, en la reducción de la pobreza. Entre 2004-2011 el Perú logró reducir la pobreza en cuatro puntos porcentuales por año, pero desde el 2013 se reduce en solo un punto por año. Esto ha tenido también incidencia en los servicios que se brinda a los peruanos más pobres.

Un ejemplo de cómo la corrupción afecta a los más pobres es el caso de Carlos Moreno. El médico que llegó a asesor presidencial y que buscaba utilizar al Servicio Integral de Salud (el seguro médico para los más pobres) para beneficiarse. Moreno era, hasta hace unos días, jefe del Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Queda por averiguar cuántos “negociazos” habrá hecho desde esa posición.

Los negociazos no solo enriquecen a unos, sino que —lo más importante—, limitan el acceso de los más pobres a las redes de protección social, a los servicios públicos esenciales y a la justicia; también limitan su voz, constriñen su participación en la toma de decisiones públicas y están conectados a otros delitos, como el lavado de activos. Pero lo que más nos debería sorprender no es que haya un Moreno, pues hay muchísimas más sanguijuelas colgadas de puestos públicos y haciendo negociazos. Lo que nos debe sorprender es que no nos indignemos.

El 93% de peruanos cree que los niveles de corrupción en el país son altos o muy altos. Un 74% cree que la corrupción aumentó en el último gobierno, tal como sostiene el reporte del Banco Mundial, y 21% cree que se mantuvo igual. Siete de cada diez peruanos creen que hubo corrupción en los megaproyectos aprobados en el gobierno anterior: La Línea 2 del Metro, Talara y Gasoducto del Sur. Súmele las compras militares (incluido el satélite) del Ministro Cateriano, los patrulleros y las actividades de Nadine Heredia. Y el 72% de los peruanos no siente avances en la lucha contra la corrupción en el actual gobierno.

La corrupción, además aumenta los costos de transacción de invertir en el Perú. Los ministerios, los gobiernos regionales y locales están plagados de funcionarios de mando medio que imponen “tasas” para otorgar autorizaciones. Estas muchas veces vienen disfrazadas del requisito de informes o estudios adicionales y la “recomendación” para la “contratación” de un experto. Niéguese o contrate a un verdadero experto y su autorización será denegada, bajo cualquier excusa. Y aquellos entes llamados a administrar recursos, como el agua y la tierra, son los que tiene la mayor corrupción. Los costos adicionales que genera la corrupción limitan la inversión privada y con ella el crecimiento económico del país. ¿Para cuándo hacemos algo?

María Cecilia Villegas