Guillermo Vidalón

Perdieron el gobierno y los jóvenes

Perdieron el gobierno y los jóvenes
Guillermo Vidalón
28 de enero del 2015

Sobre la decisión del Congreso de derogar la llamada “ley Pulpín”.                            

Finalmente, la ley “Pulpín” recibió el último puntillazo con la derogatoria que le aplicó el Congreso de la República. El Ejecutivo perdió, efectivamente. El estilo de gobierno confrontacional, altisonante, lindante con la prepotencia y lo rampante han fracasado. Estos no son usos y costumbres de una democracia que, a pesar de sus múltiples imperfecciones, sigue siendo el mejor sistema de gobierno.

Más allá de si la Ley de Empleo Juvenil significaba un avance o retroceso, lo cierto es que hoy la mayoría de jóvenes no cuenta con los beneficios que otorga la Ley General del Trabajo. Ergo, la ley vigente no refleja la realidad y, por tanto, ésta seguirá su curso, alimentando la informalidad, generando empleo de baja calidad que, a pesar de todo, permite a los jóvenes disfrutar de algún ingreso por su esfuerzo.

¿Por qué si existe una Ley General del Trabajo que establece las pautas que debe regir una relación laboral hay personas que aceptan condiciones de empleo más precarias? Nadie los fuerza a aceptar dicho empleo, lo aceptan porque no tienen otra alternativa. La informalidad paga por día trabajado, sin proporcionar seguridad social. Si el trabajador quiere descansar, en el mejor de los casos se le concede “permisos no remunerados”. Lo que prima es el contrato verbal, sin documentos de por medio, ni licencias de funcionamiento. Se trabaja a puerta cerrada.

¿Pero ello no está prohibido? Sí, está prohibido, pero ésa es la realidad. Una opción es reprimir al contratista informal, pero son tantos y mayor aún el número de sus trabajadores, que difícilmente el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo tendría suficientes fiscalizadores ni el resguardo policial necesario para hacer cumplir la norma.  Lo más probable es que, salvo algunas escaramuzas televisivas, no ocurrirá más nada. Recordemos las imágenes de la clausura del ex mercado mayorista “La Parada”: policías apedreados cuyas vidas estuvieron en riesgo, caballos sacrificados, saqueos en el emporio textil Gamarra. Y a los extractores ilegales de minerales, mal llamados mineros informales, tomando carreteras y desafiando a la autoridad. Imaginemos este escenario de confrontación permanente a nivel nacional. ¿no implicaría un quiebre de la pobre institucionalidad?

Se calcula que casi el 52% de la Población Económicamente Activa trabaja en la informalidad; es decir, más de 8 millones 470,700 peruanos están subempleados, trabajan al margen de la Ley General del Trabajo.  Si analizamos el subempleo por rangos de edades, veremos que es varias veces mayor entre los jóvenes, respecto al promedio nacional.

Si los contratistas de los trabajadores informales fuesen obligados a cumplir la ley, lo más probable es que al día siguiente dejen de operar porque el negocio no les dejaría margen para asumir todo lo que estipula la ley o seguirían operando de manera más clandestina, gracias a la vista gorda de algunas autoridades.

En consecuencia, la corrupción se incrementaría y tendríamos millones de desempleados más; la pobreza extrema y la pobreza se acrecentarían y la violencia y la inseguridad ciudadana registrarían ribetes de espanto.

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha informado que la pobreza afectó en 2014 a 28% de la población de América Latina, lo que revela que su proceso de reducción se ha estancado, principalmente debido a la desaceleración económica. Entre los años 2012 y 2013, el Perú redujo la pobreza en 1.9%, Paraguay lo hizo en 8.9%, Colombia en 2.2% y Chile en 3.1%.

En el tira y afloja de la ley Pulpín han habido algunos ganadores, los surfistas de la protesta se treparon una vez más a la ola del descontento. Ellos dirán, ¿Propuestas… para qué? Estamos ocupados afinando nuestras estrategias con miras al próximo proceso electoral.

Cuánto extrañamos los altos niveles de inversión, expansión económica y elevación de la productividad, así como su correlato positivo, la disminución de la pobreza.  Se requiere liderazgo, convicción y don de gentes para retroceder un paso en la certeza de que en el largo plazo daremos un gran salto al desarrollo.

El Perú gozará de los beneficios de La Ley General de Trabajo únicamente cuando los niveles de productividad hagan posible el sufragarlos.

Por: Guillermo Vidalón del Pino

28 - Ene - 2015

Guillermo Vidalón
28 de enero del 2015

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