Pacto contra la impunidad

Sobre la urgencia de reformas para fortalecer la institucionalidad

La sentencia judicial que declara “prueba ilícita” las grabaciones que dieron lugar al juicio por los “petroaudios” es tal vez el mayor escándalo judicial de los últimos tiempos, una vergüenza para el sistema de justicia y para nuestra democracia. Si esa sentencia es confirmada se cubriría con un manto de impunidad los presuntos delitos del caso de las agendas de Nadine Heredia. Este hecho nos plantea la urgencia de emprender ya la tantas veces reclamada reforma del estado.

Llama a la suspicacia que la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima haya emitido semejante fallo ¡OCHO AÑOS después! de que los inculpados en ese proceso impugnaron la validez de los audios.

Pero lo más extraño es que esa resolución ha sido aprobada cuando Nadine Heredia y otros personajes mencionados en las agendas presionan para que la justicia NO acepte como pruebas las agendas que, según ha denunciado la primera dama, le fueron sustraídas.

Tal vez la explicación de esta movida esté en las agendas, en las que Heredia tendría registradas, de puño y letra, las identidades de fiscales y jueces que, según se desprende de los apuntes, habrían actuado como operadores políticos o habrían recibido dinero, para obstaculizar la justicia e impedir que Ollanta Humala sea investigado judicialmente por el caso Madre Mía.

Si la justicia admitiera las agendas como pruebas válidas, la información que contienen sería objeto de investigación y entonces se tendría que indagar la actuación de los magistrados cuyos nombres aparecen en las libretas y que al parecer obstruyeron la acción de la justicia. ¿Es por esto que se ha declarado ilícitos los petroaudios?

Abona en favor de la suspicacia el hecho de que casi inmediatamente después se haya divulgado otro fallo polémico que impide que sean investigadas las personas del entorno de Nadine Heredia que aparecen en las agendas como probables testaferros de la primera dama. Este segundo fallo pareciera ser la cortina de humo perfecta para tapar la escandalosa resolución de la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima.

Tales hechos explican porque el 79% de los peruanos –según la última encuesta de Ipsos Perú- desaprueba la labor del Poder Judicial. Por cierto, esta cifra no es aislada, confirma una tendencia estadística histórica constante.

En cualquier caso, los hechos señalados ponen sobre el tapete la urgencia de un acuerdo político que garantice que el gobierno que salga elegido el 2016 inicie de inmediato una reforma institucional que acabe con la descomposición del aparato estatal y construya una nueva institucionalidad eficiente, moderna y transparente; especialmente en la justicia, la policía y el sistema penitenciario, instituciones responsables, en buena medida, de la impunidad con que actúan los delincuentes comunes y también los de cuello blanco con poder político.

El amplio apoyo ciudadano al elenco estable (Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García), y la disposición que muestran los tres líderes para realizar las reformas estructurales necesarias para recuperar la seguridad y el crecimiento económico, configuran un escenario político propicio para plasmar un pacto o acuerdo político en favor de una nueva institucionalidad democrática.

Una mayoría ciudadana pide hoy que el rumbo político del país cambie en dirección opuesta a la polarización, la parálisis económica, la corrupción y la inseguridad que nos dejan el nacionalismo y sus aliados. Una mayoría que reclama seguridad y crecimiento económico.

Hay entonces una clara voluntad mayoritaria en favor de transformar el estado, lo cual supone que un pacto por la reforma institucional, es decir por la seguridad y el crecimiento, vendría de abajo hacia arriba. Solo falta la voluntad y la decisión de nuestros líderes políticos.

Por: Víctor Robles Sosa